Durante la época del gobierno militar de Romeo Lucas García (1978-1982), el Estado y el ejército guatemaltecos diseñaron e implementaron su política de genocidio. Mientras Romero Lucas García estuvo en el poder, más de 1.700 personas fueron víctimas de los delitos de genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad por las operaciones militares desplegadas en la región Maya ixil. Actualmente, dos ex jefes militares se enfrentarán a juicio por estos crímenes en el Caso de Genocidio Ixil Lucas García.

Los sindicados:

  • Benedicto Lucas García: Jefe del Estado Mayor del Ejército. Hermano del ex presidente Romeo Lucas García.
  • Manuel Antonio Callejas y Callejas: Jefe de Inteligencia Militar, G2 (en enero de 2024 fue declarado “mentalmente incapaz” para ser juzgado por el derecho común).
  • César Noguera Argueta: Jefe de Operaciones Militares, G3 (falleció en octubre de 2020 a la espera de la resolución de apertura de juicio)

Lucas García y Callejas y Callejas están en prisión desde 2016, tras haber sido condenados en 2018 a 58 años por delitos de lesa humanidad, violencia sexual agravada y desaparición forzada en el caso de Emma y Marco Antonio Molina Theissen.

Los procesados fueron vinculados al proceso en noviembre de 2019. El Juicio debía comenzar en 2022, sin embargo, tras una serie de recusaciones de varios jueces y una recusación interpuesta por el querellante AJR, el tribunal no se integró hasta abril de 2023. Paralelamente, durante 2023 la defensa del imputado Callejas y Callejas requirió estudios y exámenes médicos para evaluar su capacidad mental, estudios que coincidieron en la “INHABILIDAD MENTAL” del imputado para enfrentar el juicio por el proceso común.

En consecuencia, el 3 de enero de 2024, el Tribunal resolvió separar el Juicio en dos:
1) Un juicio común abierto al público contra el acusado Manuel Benedicto Lucas García y
2) Un juicio a puerta cerrada y sin la presencia del acusado para aplicar medidas especiales de protección de la salud de Manuel Antonio Callejas y Callejas.

La organización a la que acompañamos en este caso es la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR).