Escrito y originalmente publicado por nuestras camaradas del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES). Click here to read in English.
En respuesta al anuncio desde el Departamento de seguridad nacional (DHS) que Estados Unidos y El Salvador han llegado a un acuerdo sobre la implementación de los Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) firmados en el 2019, CISPES y 30 otras organizaciones defensoras del derecho internacional de buscar asilo se pronunciaron.
En el marco del Día Internacional de la persona migrante, 31 organizaciones con base en Estados Unidos y Centroamérica, emitieron un pronunciamiento en rechazo a la implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) entre El Salvador y Estados Unidos, dado que podría traer graves consecuencias para los derechos humanos de las personas migrantes.
De acuerdo a lo establecido en el documento, firmado por ambos países en 2019, las personas no salvadoreñas que lleguen a la frontera sur estadounidense para solicitar protección humanitaria, podrían ser transferidas a El Salvador para pedir asilo en ese país.
Las organizaciones firmantes, criticaron la falta de transparencia en el acuerdo y cuestionaron su legalidad, ya que vulnera tratados internacionales contraídos por ambos países. Según una demanda de inconstitucionalidad presentada por organizaciones de la sociedad civil en El Salvador ante la Corte Suprema de Justicia, el ACA “carece de efectos jurídicos por ser violatorio de la integridad del territorio nacional, la soberanía y los derechos humanos de todas las personas solicitantes de asilo, refugio y protección.”
Lee el pronunciamiento completo aquí.
En ese sentido, las organizaciones respaldaron la denuncia contra políticas que prevalecen en la región “centradas principalmente en un enfoque de seguridad nacional sobre la seguridad humana […] prevaleciendo intereses económicos binacionales sobre por encima de la vida y dignidad de cientos de miles de personas [migrantes].”
Asimismo, refutaron la aplicación de esta medida política como reconocimiento del país como un “país seguro”, la cual legitima la política contra las personas que buscan asilo, impuesta por la administración de Donald Trump a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
“Reiteramos que la implementación de los ACAs es un actuar en mala fe”, reza el pronunciamiento, “no es cierto que la intención del ACA es transferir a las personas migrantes a otro país seguro”, ya que existen “denuncias a nivel nacional e internacional sobre las crecientes violaciones de derechos humanos, negociaciones secretas con pandillas y ataques a instituciones garantes de transparencia gubernamental, por lo que es cuestionable que El Salvador pueda servir como un lugar de protección para personas solicitantes de asilo en condición de vulnerabilidad”, aseguraron.
En ese sentido, hicieron un llamado a funcionarios estadounidenses a pronunciarse en contra de estos acuerdos e instaron al presidente electo Joe Biden a poner un fin a las políticas de Tercer País Seguro en toda la región de Centroamérica y a restaurar el sistema de asilo.
La puesta en marcha de la implementación del ACA fue anunciada el pasado 15 de diciembre por el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS), Chad F. Wolf, tras una reunión con el embajador estadounidense Ronald Johnson y el presidente Nayib Bukele.
Organizaciones firmantes:
El Salvador:
SHARE Foundation
Red Jesuita con Migrantes
Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones capítulo El Salvador
Casa del Migrante Scalabrini El Salvador
Soleterre Strategie di Pace ONLUS
Sínodo Luterano Salvadoreño
Asociación Casa Abierta
Red RAMA
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación-CONFRES
Asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans en El Salvador -COMCAVIS TRANS
Instituto Salvadoreño de la Persona Migrante
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho – FESPAD.
Guatemala:
Asociación Pop No’j
Casa del Migrante Scalabrini, Guatemala
Estados Unidos:
Commitee in SOlidarity with the People of El Salvador (CISPES)
InterReligious Task Force on Central America and Colombia (IRTF Cleveland)
Justice in Motion
Latin America Working Group (LAWG)
Mennonite Central Committee U.S. Washington Office
Unitarian Universalist Service Committee
Witness at the Border
CARECEN – Los Angeles
Washington Office on Latin America (WOLA)
Center for Gender & Refugee Studies
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
School of the Americas Watch
Denver Justice and Peace Committee (DJPC – Denver, Colorado)
U.S.-El Salvador Sister CIties
Women’s Refugee Commission (WRC)
Canada:
Projet Accompagnement Québec-Guatemala
Regional:
Center for Justice and International Rights (CEJIL)
American Friends Service Committee (AFSC)
Foundation for Justice and the Democratic Rule of Law
Leave A Comment