‘La justicia nos ha fallado aquí en Guatemala’: una familia lucha para que se haga justicia

Este artículo fue escrito por Kala Garrido y Eric Ross, publicado originalmente por Common Dreams y republicado bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0. Lee el original en inglés aquí: https://www.commondreams.org/opinion/fight-accountability-guatemala .

Han pasado ya más de 44 años desde que las fuerzas estatales guatemaltecas secuestraron a Luz Leticia; desde entonces, sus hermanas han luchado cada día por preservar la verdad y la dignidad de su vida, al tiempo que exigen respuestas.

Bajo el sol abrasador de la mañana del 21 de junio, Mirtala del Rosario Hernández Agustín se une a las familias de desaparecides y a miembres de organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), y Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala para conmemorar el Día Nacional contra las Desapariciones Forzadas.

«Soñamos con una Guatemala diferente y luchamos por ella. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos a una persona detenida y desaparecida». La voz de Mirtala resuena por toda la plaza. Detrás de ella hay más de 400 sillas vacías, cada una con el retrato de alguien que sufrió una desaparición forzada durante los 36 años de Conflicto Armado Interno en Guatemala. «Soy la hermana de Luz Leticia Hernández Agustín», continúa. «Para tener paz en mi corazón, para poder decir que se nos ha escuchado, necesitamos que nos devuelvan los restos de mi hermana».

Han pasado ya más de 44 años desde que las fuerzas estatales guatemaltecas secuestraron a Luz Leticia el 22 de noviembre de 1982. Era el día en que cumplía 25 años. Y fue la última vez que se la vio.

Sin embargo, sus hermanas, Marta y Mirtala, se negaron a dejar que desapareciera por completo. Desde entonces, han luchado cada día por preservar la verdad y la dignidad de la vida de Luz Leticia, al tiempo que exigían respuestas no solo para ella, sino para las decenas de miles de personas que fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas durante la campaña de terror de Estado y genocidio llevada a cabo en Guatemala con el respaldo de Estados Unidos.

Ahora, su caso por fin se está juzgando en los tribunales. Tres días a la semana, las hermanas Hernández Agustín suben las escaleras hasta la quinta planta del Palacio de Justicia de la Ciudad de Guatemala. Asisten a horas de testimonios y alegatos jurídicos, llenan cuadernos con sus observaciones y escuchan en busca de las respuestas que su familia lleva décadas sin obtener. Algunos días son dolorosos, pues reabren viejas heridas. Otros se disuelven en retrasos procesales, dificultades técnicas y disputas burocráticas y jurídicas. A menudo se marchan frustradas y agotadas.

Aun así, vuelven. Lo hacen porque este caso va más allá de la búsqueda de justicia de una sola familia. En un momento en el que Estados Unidos está intensificando la violencia tanto en su territorio como en el extranjero, y gobiernos como el de Guatemala siguen subordinándose a los imperativos de ese proyecto imperial de larga data, este juicio reviste una importancia especial. Más recientemente, esto ha incluido una mayor cooperación militar con Washington dirigida contra supuestos cárteles de la droga en el país, una justificación que Estados Unidos ha esgrimido para asesinar extrajudicialmente a más de 210 personas en los últimos nueve meses.

El juicio se ha convertido, por tanto, en un testimonio de todes aquelles que se negaron a aceptar el silencio que se les impuso. Es la prueba de que quienes están condenades al olvido pueden reclamar su lugar en la historia. Por encima de todo, es un recordatorio de que ningún poder político, por grande que sea, puede proteger permanentemente a los responsables de las exigencias de verdad y justicia formuladas por las personas a las que intentaron —y, en última instancia, no lograron— borrar.

La larga sombra del imperio en Guatemala

La Guatemala en la que nacieron las hermanas Hernández Agustín llevaba la huella inconfundible del imperio. Era un país de una desigualdad abrumadora, donde generaciones enteras heredaban los restos desecados de una nación despojada hasta los huesos por los buitres del capital extranjero. La promesa de reforma se había extinguido hacía mucho tiempo. Se había esfumado la Primavera Democrática, esa breve década comprendida entre 1944 y 1954 en la que los gobiernos elegidos por el pueblo intentaron ampliar la democracia y destinar la riqueza del país a su población, en lugar de a las multinacionales y a la oligarquía terrateniente.

Ese sueño se hizo añicos con el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz en 1954, respaldado por la CIA. El golpe de Estado no solo pretendía derrocar a un gobierno, sino también restaurar el orden social profundamente desigual cuyos cimientos se habían sentado bajo la dictadura de Jorge Ubico. Ubico, un hombre fuerte dócil que subastó de buen grado el futuro de su país al mejor postor, concedió amplias concesiones a las empresas estadounidenses mientras se enriquecía a sí mismo. Bajo su mandato, la United Fruit Company, con sede en Boston, se convirtió en la mayor terrateniente de Guatemala, adquiriendo más del 40 % de sus tierras cultivables y un control casi monopolístico no solo sobre sus lucrativas exportaciones de plátanos, sino también sobre infraestructuras fundamentales, como los ferrocarriles y la red eléctrica del país.

El régimen de Ubico se derrumbó en 1944 tras un levantamiento popular. Bajo los mandatos de los presidentes electos Juan José Arévalo y, posteriormente, Árbenz, Guatemala se embarcó en un ambicioso programa de reformas. Partiendo de los esfuerzos de Arévalo, Árbenz amplió las protecciones laborales, la seguridad social y el sufragio universal, al tiempo que impulsaba una modernización económica que pretendía transformar a Guatemala de lo que él denominaba «una dependencia semicolonial en una nación independiente» y «una economía predominantemente feudal en un Estado capitalista moderno».

Fue precisamente este desafío al poder económico arraigado lo que situó a Árbenz en el punto de mira tanto de Washington como de Wall Street. El punto álgido fue el Decreto 900, su amplia reforma agraria. La medida autorizaba la expropiación de grandes fincas en barbecho, incluidas las extensas propiedades de United Fruit, para su redistribución entre cientos de miles de campesinos. La indemnización se basaría en el valor que la propia empresa había declarado, una cifra que había subestimado deliberadamente para reducir su carga fiscal. Aunque la reforma se basaba en el nacionalismo económico y garantizaba una indemnización por las tierras, los responsables de Washington la presentaron como prueba de subversión comunista.

El secretario de Estado John Foster Dulles y el director de la CIA Allen Dulles, ambos estrechamente vinculados a United Fruit, orquestaron el derrocamiento de Árbenz. El golpe de Estado puso fin al experimento democrático de Guatemala y marcó el inicio de décadas de régimen militar, represión y guerra civil.

Un Estado construido sobre el terror

La dictadura que surgió tras el golpe de Estado dio lugar a una insurgencia popular decidida a recuperar las aspiraciones democráticas que habían sido violentamente arrasadas. También marcó el inicio de una nueva era de represión. Para los gobernantes militares de Guatemala, el objetivo era preservar su poder. Para sus patrocinadores en Washington, Guatemala se convirtió en un campo de pruebas de la Guerra Fría, destinado a demostrar las consecuencias de desafiar el poder político y económico de Estados Unidos.

La amenaza que representaba la Primavera Democrática no radicaba simplemente en que hubiera desafiado a los terratenientes y a las empresas extranjeras. Había demostrado a los trabajadores, los campesinos y las comunidades indígenas que la acción colectiva podía transformar la sociedad. Esa lección había que desaprenderla. En su lugar, se propusieron enseñar otra: que cualquier intento de rehacer Guatemala se enfrentaría a una violencia abrumadora. El terror se convirtió en la principal pedagogía del Estado.

La represión no logró extinguir la resistencia. En 1960, oficiales militares disidentes lanzaron un levantamiento contra el régimen. Tras su represión, muches de les supervivientes se retiraron al campo, donde ayudaron a formar las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la primera de varias organizaciones guerrilleras. El Estado respondió con una brutal contrainsurgencia respaldada por Estados Unidos, llevada a cabo mediante escuadrones de la muerte itinerantes, tortura sistemática, desapariciones forzadas y ataques indiscriminados contra presuntes disidentes.

En lugar de destruir la insurgencia, la violencia la empujó más hacia el interior de la Guatemala rural, donde las comunidades Indígenas Mayas y les organizadores campesines asumieron un papel cada vez más central en las nuevas organizaciones guerrilleras. A finales de la década de 1970, el ejército había adoptado una campaña genocida de tierra quemada, especialmente contra los Mayas Ixiles. Se trataba a comunidades enteras como intrínsecamente subversivas. El objetivo ya no era simplemente derrotar a la guerrilla, sino destruir el tejido social que sustentaba la vida indígena.

Las aldeas fueron arrasadas. Miles de personas fueron masacradas. Les supervivientes fueron desplazades u obligades a trasladarse a «aldeas modelo» sometidas a un estricto control, en el marco de una política conocida como «palestinizacion», mediante la cual las autoridades militares trataban de borrar las lenguas, las tradiciones, las prácticas religiosas y la vida comunitaria indígenas en nombre de la pacificación anticomunista y la modernización nacional.

Entre 1960 y 1996, el Conflicto Armado Interno de Guatemala se cobró unas 200 000 vidas y dejó otras 45 000 personas desaparecidas. El paroxismo más sangriento de violencia se produjo entre 1981 y 1983, cuando las fuerzas de seguridad mataron a unas 100 000 personas, en su inmensa mayoría indígenas mayas, en una campaña genocida que el periodista Vincent Bevins ha calificado como «la mayor masacre desatada por la Guerra Fría en el hemisferio occidental». Las atrocidades se llevaron a cabo con entrenamiento estadounidense y el respaldo material y diplomático de la administración Reagan, que consideraba a Guatemala un frente crucial en su campaña contra los movimientos de izquierda en toda América Latina, junto con su apoyo a los Contras en Nicaragua y a las fuerzas de seguridad aliadas en El Salvador y Honduras.

La desaparición de Luz Leticia

Luz Leticia Hernández Agustín, o Leti, como la llaman sus hermanas, fue una de las muchas vidas truncadas por el Estado guatemalteco durante este periodo de violencia extrema. Como hermana mayor, ocupaba un lugar muy importante en la vida de su familia. Marta y Mirtala la recuerdan como una persona trabajadora, inteligente y profundamente compasiva. En un hogar y una comunidad marcados por una intensa precariedad económica y dificultades, asumió responsabilidades muy superiores a su edad, ayudando a cuidar de sus hermanos menores y aliviando todas las cargas que podía.

Esta experiencia moldeó la visión política de Leti. Llegó a comprender que siglos de conquista colonial habían generado sistemas duraderos de racismo, despojo y explotación que aún se dejaban sentir. «Leti era capaz de ver todo eso», explica Marta. «Todas las injusticias profundamente arraigadas que han persistido durante tanto tiempo». Imaginaba una Guatemala diferente, en la que esas estructuras ya no definieran la vida de las personas y en la que todos, independientemente de su origen étnico o condición social, pudieran vivir con dignidad.

Su compromiso se extendía más allá de su familia inmediata. Como recordaba Mirtala, Leti estaba motivada sin duda «por sus propias experiencias y por la forma en que vivían nuestros padres», pero igualmente «por el sufrimiento que presenció entre nuestro pueblo». A pesar de todas las pruebas que parecían indicar lo contrario, nunca renunció a su convicción de que Guatemala podía convertirse en una sociedad más justa. Esa convicción la llevaría a sumarse a la resistencia. Se unió a Nuestro Movimiento, una organización clandestina afiliada a la Organización del Pueblo en Armas (ORPA).

A finales de 1982, Leti se involucró en una iniciativa para conseguir la liberación de una compañera, Ileana del Rosario Solares Castillo, que había sido detenida ilegalmente por el régimen. El 14 de octubre, miembros de Nuestro Movimiento secuestraron a Jorge Mario Ríos Muñoz, sobrino del general Efraín Ríos Montt, presidente de facto de Guatemala que presidió la fase más sangrienta del genocidio, por la que fue condenado en 2013. La operación tenía como objetivo forzar un intercambio de prisioneros. Jorge Mario permaneció cautivo hasta el 21 de noviembre, cuando una unidad de inteligencia, en colaboración con asesores israelíes, lo rescató. Durante la operación, fueron capturados Luz Leticia, Ana María López Rodríguez, María Cruz López Rodríguez y Leandro Gabriel Calate Temu.

En ese momento, Leti entró en la opaca maquinaria de las desapariciones forzadas. Fue trasladada a un sistema de detención clandestino conocido por la tortura, la violencia sexual y la degradación sistemática de los presos. Su familia nunca volvió a verla ni a saber nada de ella.

La lucha por la justicia

Las hermanas de Leti nunca han abandonado su búsqueda de la verdad y la justicia, ni su determinación por reafirmar la existencia de su hermana. En 2001, la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado guatemalteco había violado los derechos a la vida, a la libertad, a un trato humano, a la protección judicial y a un juicio justo de Ileana, Luz Leticia y Ana María. Recomendó que Guatemala localizara los restos de las mujeres, indemnizara a sus familias e identificara y enjuiciara a los responsables.

Cinco años más tarde, el Gobierno guatemalteco ofreció a la familia Hernández Agustín un «acuerdo de conciliación», que consistía en una indemnización económica sin rendición de cuentas y sin la devolución de los restos de Luz Leticia. La familia lo rechazó por una cuestión de principios.

En 2023, la fiscalía imputó a Juan Francisco Cifuentes Cano, antiguo comandante del Batallón de Reacción de Operaciones Especiales (BROE) del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional, por delitos contra la humanidad y desaparición forzada. Tras años de recursos de la defensa destinados a retrasar o frustrar el proceso, el tan esperado juicio comenzó finalmente el 5 de mayo.

Para ellas, la justicia implica un reconocimiento más amplio del trauma colectivo infligido por la desaparición forzada. El delito se concibió para dejar a las familias atrapadas en ciclos de esperanza y dolor, generando lo que Marta describió como la «extraña sensación» de que «[Leti] había muerto, pero de alguna manera seguía viva», condenándolas a «tanta incertidumbre, ansiedad y un estrés inmenso y constante».

Para Mirtala, ese tormento era fundamental para el propio delito. «La desaparición forzada», explicó, «es un acto cometido por el Estado contra sus propios ciudadanos, a menudo en connivencia con los mismos grupos que se supone que deben garantizar la seguridad de la población». Va mucho más allá del individuo. «No se limitan a hacer desaparecer a la persona», afirmó. «Lo hacen de una forma que infunde terror y miedo, y eso es precisamente lo que han pretendido: sumirnos a nosotros y a toda nuestra familia en ese terror».

«Es un delito, un delito innegable, pero cometido de forma sofisticada contra nuestra humanidad», continuó. La violencia se dirige no solo contra los desaparecidos, sino también contra quienes se quedan atrás, condenando a las familias a vivir en la incertidumbre a sabiendas de que su ser querido está en manos del Estado. «Es angustioso saber que está con esa gente». «Es impotencia», dijo Mirtala, «no poder hacer nada para sacar [a los desaparecidos] de ese ciclo de violencia y crueldad».

Sin embargo, han encontrado un sentido a esta lucha. Su búsqueda de Leti se ha vuelto inseparable de una lucha más amplia por la memoria histórica y la rendición de cuentas. Como dijo Mirtala, es una «historia que refleja todo lo que está fracturado en nuestro país, todas las tensiones subyacentes y el dolor social, y las luchas que se libran en diversos frentes por todas partes».

Aun así, abordan esa labor con humildad, convencidas de que el cambio duradero se construye a través de pequeños actos de resistencia colectiva. «Somos como una hormiga que transporta un solo grano de sal», explicó Mirtala. Sin embargo, ve poder incluso en los actos más pequeños. «Así es como el polvo se convierte en arena, luego en una ráfaga de viento y, finalmente, en una tormenta. Creemos que cambiará la percepción de mucha gente».

Pero no se trata únicamente de una lucha por la memoria. Es también una lucha por el presente, por las formas en que la impunidad sigue marcando a Guatemala. En las décadas transcurridas desde la desaparición de Leti, Guatemala ha seguido caracterizándose por una marcada desigualdad, la corrupción, la violencia y las violaciones de derechos. El Estado sigue reprimiendo la disidencia, lo que alimenta crisis políticas recurrentes arraigadas en su incapacidad para satisfacer las necesidades de su pueblo. Mirtala ve en la situación actual los ecos de la violencia que se llevó a su hermana. «Todas estas cosas», dijo, «te van pesando, gota a gota, poco a poco».

Por eso, seguir adelante con el caso de Leti se ha convertido en algo mucho más que la búsqueda de justicia de una familia. Es un acto de resistencia, una «reivindicación», contra un Estado que, como dice Mirtala, «se ha vuelto contra su propio pueblo. Quienes ostentan el poder roban y se apropian del dinero del pueblo para enriquecerse», mientras que el pueblo «carece de educación, asistencia sanitaria, alimentos y la oportunidad de tener una vivienda digna». «Para mí», dijo, «es una bofetada en la cara, un puñetazo en las tripas del Estado».

La lucha no ha estado exenta de riesgos. Como observó la documentalista Nancy Peckenham: «En Guatemala, recordar es peligroso». Sin embargo, Mirtala y su hermana se mantienen firmes. «A veces pienso en los riesgos», reflexionó Mirtala, «pero luego recuerdo que no se trata solo de reivindicar los derechos de mi hermana. Se trata de los derechos de miles de personas, tanto en Guatemala como en el extranjero, porque esto es algo que sufrimos todos los que carecemos de poder».

En última instancia, dijo, «eso es lo que esto ha significado para nosotras. Es una lucha colectiva».

El juicio se prolongará hasta julio. Su veredicto pondrá a prueba no solo a Guatemala, sino también si estamos condenados a vivir en un mundo —como lo expresó Stephen Miller, artífice de la actual ofensiva nativista de Estados Unidos bajo la administración Trump— «que se rige por la fuerza, que se rige por el poder». ¿Aceptaremos un mundo en el que unos tienen derecho a matar y otros a morir, o insistiremos en uno regido por la justicia y la rendición de cuentas? El juicio es un eslabón más en esta lucha más amplia por determinar si es posible un mundo mejor: uno libre de la violencia de la impunidad y el imperialismo, sustentado en la convicción de que quienes cometen atrocidades algún día tendrán que rendir cuentas, desde Guatemala hasta Venezuela, desde Palestina hasta Irán, y aquí mismo, en Estados Unidos.

Todas las citas de Marta y Mirtala Hernández Agustín proceden de un discurso y una entrevista de junio de 2026 realizados por los autores y traducidos del español.