El 27 de mayo de 2021, el gobierno de Guatemala arrestó a once ex-integrantes de su ejército por crímenes cometidos durante el Conflicto Armado Interno. Estos crímenes están registrados en el “Diario Militar”, un documento de 54 páginas filtrado al National Security Archive de Estados Unidos y hecho público el 20 de mayo de 1999. El documento detalla el asesinato y la desaparición forzada de 183 personas entre 1983 y 1985, bajo el régimen de Óscar Mejía Víctores. Sus páginas son tan ordenadas como brutales, revelando el sistema organizado del Estado detrás de las decenas de víctimas asesinadas y detenidas durante la guerra. Para llevar control de sus ejecuciones, los responsables crearon un código simple: el número “300” junto al nombre de una persona indicaba su ejecución.

Registros de personas desaparecidas documentadas en el Diario Militar, archivo secreto guatemalteco que evidencia la coordinación estatal en crímenes de desaparición forzada durante el conflicto armado interno. Foto de la Fundación Myrna Mack.

Un sistema de terror avalado por el Estado

Las operaciones que tuvieron lugar en la Ciudad de Guatemala entre 1983 y 1985 se desarrollaron durante el período más violento de los 36 años de guerra civil del país, marcado por brutales dictaduras militares responsables del genocidio Indígena en Guatemala. Las operaciones en la capital eran llevadas a cabo principalmente por “El Archivo”, una unidad clandestina de inteligencia vinculada a la Policía Nacional, cuyos miembros eran designados directamente por Mejía Víctores. Mientras las unidades militares en el campo masacraban a comunidades campesinas, El Archivo buscaba desarticular el creciente movimiento guerrillero urbano. Les guerrilleres y sus supuestos aliades —el “enemigo interno”— se convirtieron en una categoría amplia y difusa que permitió atacar a maestres, artistas, organizadores laborales y otres civiles no combatientes que cuestionaban el régimen militar; la mayoría de elles terminaron registrades como “300” en los archivos.

Familias que nunca dejaron de buscar

Hoy, estos crímenes están siendo juzgados en el sistema judicial del mismo Estado que los perpetró. Aun así, pese a años de obstáculos, los familiares de las víctimas continúan impulsando los casos. Lila (seudónimo) ha buscado justicia para su hermano desde que fue desaparecido en los años 80. Su familia lo buscó en todas partes, contó en una entrevista con NISGUA: “En los cementerios, en los hospitales, en las morgues, en las estaciones de policía.” Nunca lo encontraron. Lila recuerda a su madre decir que “era como si se lo hubieran llevado como a un animal. Nunca dieron razón.”

La madre de Lila formó parte de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA). Inicialmente, estes familiares se organizaron en 1984 en el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en pleno auge de la violencia bajo Mejía Víctores. Años después, en 1992, FAMDEGUA se formó tras separarse del GAM. Tras años de organización de base, familiares —especialmente las madres— se consolidaron como una poderosa fuerza que exigía rendición de cuentas por las desapariciones, entendidas cada vez más como parte de un patrón de violencia estatal. En el caso del Diario Militar, familiares junto con FAMDEGUA y otras organizaciones de derechos humanos, llevaron el caso al Sistema Interamericano. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado de Guatemala era responsable por las desapariciones forzadas documentadas en el Diario Militar.

Integrantes de FAMDEGUA (Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala) marchan en la capital portando una manta para exigir la presentación con vida de sus seres queridos, víctimas de desaparición forzada durante el Conflicto Armado Interno. Foto de FAMDEGUA.

Las mismas élites, décadas después

Aunque Mejía Víctores —y otros dictadores y generales como él— ya no ocupan el poder, la élite guatemalteca ha cambiado muy poco desde la guerra. Este grupo, conocido como el pacto de corruptos, continúa negando el genocidio y utiliza su poder para interferir en los casos judiciales relacionados con el Conflicto Armado Interno. Muchos procesos, incluido el caso del Diario Militar, han permanecido estancados durante años. A pesar de haber sido autenticado por expertes en Guatemala y Estados Unidos, la defensa de los acusados ha negado repetidamente la autenticidad del Diario Militar. Desde la perspectiva de las familias, estas tácticas resultan absurdas. “Nos frustra, porque todes saben —les fiscales, el caso que están llevando— todo lo que pasó, lo que le hicieron a nuestres seres querides. Por eso están en el Diario Militar, registrados con todo”, dijo Lila.

Une juez obligado al exilio

Cuando Miguel Ángel Gálvez, exjuez a cargo del caso del Diario Militar, emitió órdenes de captura en 2021 contra once implicados, marcó un avance significativo. Al año siguiente, envió a nueve de ellos a juicio. Para las familias, este avance generó sentimientos encontrados tras años sin respuestas. Lila recordó que “en ese momento sentimos alegría y tristeza, al ver a quienes estuvieron a cargo de secuestrar a nuestres seres querides.” Fátima (seudónimo), otra integrante de FAMDEGUA con un familiar en el Diario Militar, expresó que estas capturas solo abrieron una nueva etapa, igualmente frustrante, en su búsqueda de justicia. Como explicó en una entrevista con NISGUA, “algunos acusados siguen esperando este proceso de sentencia, y los casos… siguen estancados. No han dado seguimiento. Nos afecta así, por la injusticia que hay ahora en Guatemala.”

Durante el juicio por el Diario Militar, familias exigen justicia por sus seres queridos desaparecidos. Foto de NISGUA, 2022.

Inmediatamente después de las capturas, actores de derecha y asociaciones de veteranos militares arremetieron contra Gálvez. Marco Antonio González Taracena, uno de los acusados, era vicepresidente de AVEMILGUA, un grupo de exmilitares que busca otorgar amnistía a quienes participaron en la guerra. Tanto Taracena como el coronel retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez —también enviado a juicio por Gálvez— tienen vínculos con La Cofradía, una red de crimen organizado. Otro de los capturados, Toribio Acevedo Ramírez, fue jefe de seguridad de Cementos Progreso, empresa de la familia Novella, una de las élites ladinas más poderosas del país.

Antes de que iniciaran audiencias clave, Gálvez fue blanco de una campaña pública de difamación impulsada por la Fundación contra el Terrorismo (FUNDATERROR). En noviembre de 2022 circularon imágenes tipo “bingo” con los rostros de jueces, abogades y periodistas perseguidos por el Estado, todos marcados con una X roja, incluido Gálvez. Gálvez ya tenía reputación de juez independiente: había enviado a prisión a Otto Pérez Molina y Efraín Ríos Montt. Para sectores de derecha, su papel en el caso del Diario Militar fue el límite. Ese mismo noviembre de 2022, seis meses después de avanzar el caso, renunció, salió de Guatemala y se exilió en Europa. Tras su salida, el caso se debilitó. “Ya no hubo apoyo… estaban más por desestabilizar el caso”, dijo Lila. Desde entonces, el proceso sigue prácticamente paralizado: las audiencias se reprograman y se cancelan.

El Archivo fue disuelto a finales de 1985, cuando Mejía Víctores dejaba el poder. Según un informe del Departamento de Estado de EE.UU. de 1986, el ejército removió al personal que manejaba archivos sensibles, encubriendo los crímenes. La magnitud de estas operaciones permaneció oculta hasta que el Diario Militar se hizo público catorce años después.

Una instalación en la Plaza de los Derechos Humanos, frente al Palacio de Justicia en la Ciudad de Guatemala, exige justicia y rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el Conflicto Armado Interno. Foto de NISGUA, 2022.

Lo que Washington sabía

Su publicación también abrió preguntas sobre hasta qué punto el gobierno de EE. UU. sabía —y apoyaba activamente— la violencia estatal guatemalteca durante el Conflicto Armado Interno. Documentos internos de la CIA y del Departamento de Estado revelan que Washington conocía el aumento de secuestros y desapariciones bajo sucesivos gobiernos —y que funcionarios estadounidenses reconocían en privado la responsabilidad del Estado en el asesinato de varios trabajadores de USAID— mientras que públicamente minimizaban el papel del gobierno guatemalteco, culpando a grupos de derecha. Un documento del Departamento de Estado de 1986 concluyó que la práctica de secuestros políticos, existente desde los años 60, se había “institucionalizado con el tiempo” y que el gobierno estadounidense “no ha logrado comprender adecuadamente la magnitud del problema”.

Si funcionarios estadounidenses no dimensionaron la escala de las violaciones a derechos humanos, fue en parte porque el ejército guatemalteco fue entrenado con tácticas estadounidenses. Generales como Manuel Benedicto Lucas García y José Domingo García Samayoa pasaron por la Escuela de las Américas en Fort Benning, donde oficiales latinoamericanos fueron formados en contrainsurgencia y en una ideología fuertemente anticomunista. Tomar en serio la violencia estatal en Guatemala implicaba reconocer la complicidad de EE. UU., algo que Washington evitó.

Ese límite se rompía parcialmente. El mismo informe de 1986 que reconoce esa falla también describe con detalle clínico la mecánica de la desaparición forzada: grupos armados vestidos de civil que secuestran personas en la calle o en sus casas, en vehículos con vidrios polarizados, esperando incluso toda la noche si la víctima no está.

La impunidad no tiene fronteras

Los relatos de desapariciones en Guatemala resuenan de forma inquietante con las redadas de ICE que se han intensificado recientemente en Estados Unidos. A medida que EE. UU. se militariza, la solidaridad transnacional se vuelve más urgente. Especialmente con casos como el Diario Militar, y con personas como Fátima y Lila: quienes han vivido la violencia estatal, exigen justicia y se niegan a olvidar. El Archivo es un ejemplo oscuro de la brutalidad que permite la impunidad, la misma que el Estado guatemalteco sigue garantizando a militares del Conflicto Armado.

Durante las audiencias, familias y sobrevivientes llevaron fotografías de sus seres queridos desaparecidos a la sala del tribunal, exigiendo justicia. Foto de NISGUA, 2022.

“Esperamos que haya justicia, y que todos los hechos que tuvieron lugar durante el Conflicto Armado Interno no queden en impunidad,” dijo Fátima. Hablando de les desaparecides, añadió que “queremos que no queden en olvido. La memoria siempre va a quedar en cada uno de nosotros como familias, como hijos, hermanos. Queremos en el futuro se hable la verdad de la injusticia.”