Las elecciones del 2023, han sido la concreción de décadas de violaciones a derechos humanos, implementados desde la época colonial hasta la fecha, con la consolidación del poder en las manos de unos pocos para llevar a cabo sus intereses económicos con impunidad. A pesar de ello, durante los últimos meses hemos visto a los Pueblos de Guatemala levantarse, una y otra vez, en contra de diferentes acciones autoritarias por parte del legislativo, el ejecutivo y el poder judicial.
Créditos: Prensa Comunitaria. Junio 12, 2023
Perspectivas desde las contrapartes de NISGUA del periodo electoral:
- Autoridades ancestrales, como el Parlamento del Pueblo Xinka, organizaciones defensoras del territorio como la Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango (ADH), y organizaciones en búsqueda de memoria, verdad y justicia como la Asociación por la Justicia y Reconciliación (AJR), entre otras, se mantienen firmes y se pronuncian en defensa de la democracia, el Estado de derecho y la voluntad popular.
- Desde la autonomía de los pueblos originarios, exigen al sistema judicial de Guatemala el respeto del derecho al voto universal, secreto y único, el principio de la efectividad y libertad del sufragio.
- Es importante respetar las funciones, procesos y competencias de las diferentes instituciones del Estado, por lo que rechazan las acciones que desde el Ministerio Público y la Corte Constitucional busquen judicializar los procesos electorales que han sido libres y democráticos.
- El respeto a la Constitucionalidad es imperativo, por lo que piden a la Corte Constitucional actuar en cuanto a derecho y que no se inhiba de conocer, tramitar y resolver las peticiones de amparo, como los presentados por las autoridades ancestrales durante este periodo electoral por el respeto de la democracia.
- Se enfatiza que, ante el abuso y arbitrariedad de poder de la Fiscal General y jefa del Ministerio Público, Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y juzgadores y juzgadoras corruptos, se separen de sus cargos.
- El respeto por la libertad y soberanía de los Pueblos trasciende el periodo electoral, desde los pueblos originarios se han pronunciado a su vez, por la defensa de la vida y del territorio ante la presentación, análisis y aprobación diferentes leyes que buscan consolidar el poder y arrasar con la memoria, justicia y dignidad de los Pueblos.
Ante el actual escenario las autoridades ancestrales hacen el llamado a la población en general a estar preparados para continuar la lucha a favor de la democracia y la soberanía de los Pueblos.
Créditos: Juan Rosales
Los hechos políticos-electorales más relevantes de estos meses en Guatemala han sido:
- El 25 de junio de 2023, se realizo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en medio del llamado de las luchas de base a ejercer un “Voto con Memoria, Justicia y Dignidad”. Sin embargo, estas elecciones se celebraron en un contexto de deterioro del estado de derecho en Guatemala, en el cual las instituciones encargadas de realizar las elecciones tienen escasa independencia o credibilidad. Las autoridades prohibieron la participación de ciertos candidatos de la oposición y realizaron procesos penales arbitrarios con el fin de generar condiciones desiguales en las elecciones para favorecer a candidatos cercanos al “Pacto de Corruptos”(1). Tanto el Movimiento Semilla, un partido con plataforma anti-corrupción, como la Unión Nacional por la Esperanza (UNE), conocido por sus conexiones con el “Pacto de Corruptos”, pasaron a segunda ronda.
- El 12 de julio, a petición del Ministerio Público, el juez penal Fredy Orellana suspendió la personería jurídica de Semilla alegando que el partido había cometido delitos relacionados con la recolección de firmas para su inscripción. No obstante, el 13 de julio, la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión, dictaminando que el juez no podía dejar en suspenso las elecciones del 20 de agosto. A pesar de ello, el Ministerio Público llevó a cabo una serie de allanamientos, a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral y a la sede de Semilla.
- El 28 de agosto se hace la declaratoria de los resultados de la segunda vuelta de elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral, en donde Bernardo Arévalo y Karin Herrera han sido electos como presidente y vicepresidenta de Guatemala para 2024-2028.
- En otro esfuerzo por minar el proceso electoral, el Procurador General y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el 12 de septiembre, allanaron las oficinas del Partido Movimiento Semillas y el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para abrir cajas de votos argumentando fraude en los mismos desde la primera vuelta. Ante ello, la población y el Tribunal Supremo Electoral mostraron una profunda preocupación ante la ruptura del sello y cadena de custodia ya que la ley especifica que solo el TSE es la autoridad para verificar y cualificar la documentación electoral.
- A lo largo de agosto y septiembre, la comunidad internacional ha expresado su grave preocupación por los intentos del “Pacto de Corruptos” de invalidar la voluntad del pueblo. Por ejemplo: La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, mantuvo una llamada telefónica con el presidente electo de Guatemala, Arévalo, para expresar su apoyo a “la preservación de los valores e instituciones democráticas de Guatemala, incluyendo elecciones libres de intimidación o interferencia”; el presidente de Brasil, Lula, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, advirtió de que “en Guatemala existe el riesgo de un golpe de Estado”; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó en una entrevista con Democracy Now! que lo que está ocurriendo en Guatemala “permitirá el voto popular” o será una “repetición de Allende”.
Estas acciones pretenden influir el proceso electoral hacia los intereses del “Pacto de Corruptos”, como parte de su estrategia para consolidar el autoritarismo en el país desde el cierre escalonado de diferentes espacios, formas, y expresiones de la democracia.
Créditos: Prensa digital de Human Right Watch, 18 de agosto.
Pero, ¿Por qué es un atentado contra la democracia?
Porque con las siguientes acciones u omisiones actores gubernamentales coludidos por intereses del “Pacto de Corruptos” buscan desestabilizar el poder político del país.
- De acuerdo al analista, Máximo Bal Tiul, el atentado a la democracia ha sido desde el momento en que el Tribunal Supremo Electoral negó la inscripción de partidos a principios de año, por formalismos procesales, y aprobó el registro de otros, aun pese a señalamientos de pertenencias a grupos de narcotráfico, o estar constitucionalmente inhábil para ello.
- La complicidad entre Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional para el uso y abuso de los poderes del gobierno ha sido evidente para minar los debidos procesos y la democracia representativa de los procesos electorales.
- Las impugnaciones del proceso electoral han sido emitidas por autoridades cuyo mandato debió haber terminado hace más de tres años. Hay intereses políticos-económicos que han decidido mantenerlos en ese cargo con la finalidad de garantizar sus intereses y dentro de ellos la impunidad. Ante ello, Arévalo, el candidato electo ha iniciado acciones institucionales en contra de los actuales principales perpetradores de actos en contra del voto popular.
- Las acciones de esta triada de instituciones amenaza no solo con cancelar al Movimiento Semilla y dificultar la transición sino con la intención de anular el proceso electoral. Según expertos, en primer lugar la decisión de cancelar el partido político no afectará al nombramiento de Arévalo como presidente, si bien desgastará a los equipos legales de su partido y debilitaría el Gobierno de Arévalo, ya que los 23 diputados electos por ese partido no podrían integrar comisiones legislativas ni la directiva del Congreso.
- El control y uso del sistema de justicia para criminalizar opositores y garantizarse impunidad. Una herramienta clave durante este periodo electoral y previo a ello, ha sido la criminalización continúan contra defensores/as del territorio y líderes indígenas y comunitarios; que se ha ampliado hacia operadores de justicia, periodistas, líderes/as de la sociedad civil en los centros urbanos y políticos, por ejemplo: Virginia Laparra, Claudia González, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul, Orlando López, Carlos Ruano, entre otros.
- La subordinación de las entidades públicas que podrían ser un contrapeso. Tal como, la elección del actual Procurador de Derechos Humanos que parece ceñirse a mantener un limitado papel para enfrentar la corrupción e impunidad del Estado; y, la imposición del actual rector de la Universidad de San Carlos en medio de fraude electoral.
- Mientras tanto, ante la incertidumbre del futuro del poder político del país, quienes quieren perpetuarse en la impunidad y colonialidad de Guatemala, y buscan que desde el Congreso de Guatemala se legitimen, en primer lugar, la impunidad propia y la impunidad de los grupos a los cuales responden, como grupos militares, a través de la aprobación de la Ley 6099 la cual busca amnistía para los autores de crímenes de lesa humanidad durante el Conflicto Armado Interno; la privatización de recursos naturales, como lo son la semilla nativa o criolla, a través de la Ley para la para la protección de obtención de vegetales, que defensores de la vida y del territorio han denominado “Ley Monsanto” por el impacto que conlleva esta a la vida de lo Pueblos Indígenas en Guatemala, entre otros.
Créditos: Prensa Comunitaria. 25 de septiembre de 2023.
¿Ahora que sigue?
Ante la amenaza a la democracia en Guatemala, hay que estar atentos del acontecer político electoral, con especial atención a dos fechas: la primera fecha, el 31 de octubre que finaliza el periodo electoral y la suspensión del partido Movimiento Semilla puede reactivarse; y, la segunda fecha es, el 14 de enero de 2024 día de transición del poder Ejecutivo en Guatemala, pese el actual Presidente Giammattei reconoció la victoria las reuniones de transición se han suspendido mientras no se resuelva la legalidad y arbitrariedades de la persecución a la democracia.
Guatemala nos muestra que siempre la voz del Pueblo será alzada para defender sus derechos, y más aún cuando traten de socavar mediante artilugios legales e institucionales, sólo se oirá más fuerte. Estos días el Pueblo de Guatemala se ha movilizado, su poder se hace sentir, a pesar del contexto actual sea un reflejo de los actos de opresión de épocas coloniales, el Pueblo sigue resistiendo.
Desde NISGUA nos unimos a esta resistencia, y hacemos un llamado a todos los colectivos, movimientos y organizaciones de solidaridad trans-territorial a posicionarse en solidaridad con el Pueblo de Guatemala desde donde nos encontremos y mediante las maneras creativas que nos sean posibles.
(1) “Pacto de Corruptos” es un término usado en Guatemala para referirse a políticos, empresarios, crimen organizado y miembros del sistema judicial acusados de actos de corrupción y que mantienen un sistema de impunidad que los protege de ser procesados y mantienen su control político y económico a expensas de la mayoría de la población.
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