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Solidaridad con les migrantes indígenas: No a las deportaciones durante la pandemia y las expulsiones bajo Título 42!

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La población migrante, sobre todo la afrodescendiente y la indígena, se han visto oprimidas desde hace tiempos a manos de un sistema de inmigración al servicio de la supremacía blanca y el capitalismo. Al culminar los cuatro años de un gobierno nacionalista blanco, la burocracia migratoria de EE.UU. o viola de forma activa los derechos humanos o no funciona, lo cual es un acto de violencia en sí. Si bien el gobierno de Biden no tiene la visión progresista que necesitamos, presenta oportunidades para lograr un cambio tangible en la vida de millones de personas.

Luego de coordinar por un año con más de 40 organizaciones centro y norteamericanas en una campaña contra los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), las deportaciones durante la pandemia y las expulsiones bajo el título 42, estamos en buenas condiciones para obtener logros concretos en 2021.

LEE NUESTRO INFORME COMPLETO
Una pancarta de la Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango que dice "Solo juntos y juntas, con memoria de lucha y resistencia de nuestros pueblos, podemos detener el imperialismo"

“Only together, with the memory of the struggle and resistance of our people, can we stop imperialism.”

FIRMA LA PETICION

¡Gracias por mirar a nuestro webinario “Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en la Migración”! Agradecemos a nuestres maravilloses panelistas Juanita Cabrera Lopez (Maya Mam), Luis Marcos (Q’anjob’al Maya), Giovanni Batz (K’iche’ Maya) por sus discursos tan sensibles. Gracias también a todas las organizaciones involucradas (logos adjuntos), especialmente al American Friends Service Committee (ASFC) por su ayuda económica. Finalmente, gracias a nuestres intérpretes, a les encargades de los subtítulos, y a la toma de notas gráficas por hacer este webinario lo más accesible posible.

Registro gráfico del webinar en marzo 2021.

Gráfico con información sobre el webinar el 24 de marzo 2021

Toma acción! Puedes firmar la petición aquí.

Los pueblos indígenas de Abiayala (en términos coloniales conocido cómo las Américas) continúan enfrentando los impactos directos de la continuación del colonialismo basado en la Doctrina del Descubrimiento: extracción impuesta de recursos naturales, impunidad por crímenes en contra de la humanidad, pobreza sistémica, robo indiscriminado de tierras ancestrales y más. Debido a que gobiernos nacionales han fallado en mantener sus obligaciones a la protección de los derechos humanos, las comunidades indígenas han sido forzadas a migrar en números desproporcionados para buscar protección.

Las agencias de migración de EE.UU. están actualmente violando los estándares internacionales de derechos humanos dedicados a las personas indígenas, incluyendo el derecho a existir como pueblos distintos, el derecho a hablar su lenguaje originario, y el derecho al debido proceso (UNDRIP, ILO Con. 169, OAS DRIP, UN ICCPR). Al no reconocer la información sobre la identidad y el lenguaje de los migrantes indígenas, el gobierno de EE.UU. está participando en una forma de genocidio estadístico. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) y sus agencias de aplicación de migración (CBH, BP e ICE por sus siglas en inglés) buscan borrar la existencia de migrantes indígenas al asumir que ellas y ellos son “Hispanos”, aún cuando los migrantes indígenas representan a personas y culturas que han existido desde antes que los estados-naciones de los cuales están migrando. Esta discriminación en contra de hablantes de idiomas indígenas también viola sus derechos al debido proceso durante cada etapa del sistema migratorio en EE.UU.

El presidente Biden ha tomado pasos para responder a algunas necesidades urgentes en el sistema de inmigración, sin embargo, las deportaciones y expulsiones han continuado. Las administraciones anteriores y la actual han fallado en su obligación legal de proteger los derechos humanos de todas y todos los migrantes, especialmente los derechos humanos de las personas indígenas. La administración de Biden necesita reconocer, consultar y tener interacciones directas con el liderazgo de las y los migrantes Indígenas y Negros. Para llevar a cabo esta obligación, solicitamos a la administración lo siguiente:

  1.  Cese inmediato de todas las deportaciones durante la pandemia, ya que ha contribuido al contagio de COVID-19 dentro de las comunidades indígenas las cuales hubieran estado relativamente seguras del virus.
  2. Cese inmediato de todas las expulsiones de aplicantes de asilo bajo el Título 42, que impacta desproporcionadamente a niñas y niños indígenas y Negros que buscan asilo.
  3. Requerimiento al CBP, BP e ICE de documentar las identidades y los idiomas indígenas al momento del primer contacto con los migrantes en la frontera, y asegurar una interpretación y traducción de los idiomas indígenas rigurosa, y presente en cada etapa del proceso migratorio.
  4.  Incluir de manera rigurosa, consulta directa con líderes y grupos indígenas, para la toma de decisiones relacionadas a temas de migración.
  5. Crear un marco legal de derechos humanos indígenas y una agencia de niveles protocolarios para asegurar su cumplimiento.
  6. Reconocer a los derechos y estructuras de autoridad indígenas como legítimos y soberanos.
  7. Cancelación de las políticas Trumpistas que limitan la definición de refugiado y restringen la elegibilidad de aplicantes de asilo.
  8. Investigar la esterilización involuntaria y/o desinformada de mujeres en los centros de detención e identificar a las sobrevivientes indígenas afectadas.

Para más información, por favor vea:

NISGUA agradece a los siguientes grupos y personas por su apoyo en desarrollar y escribir esta petición y lista de recursos: International Mayan League, Indigenous Languages Office @ Alitas Shelter, Giovanni Batz, Comunidad Maya Pixan Ixim, Center for Gender and Refugee Studies, Latin America Working Group, Asociación Pop No’j.

¿Qué son las deportaciones durante la pandemia?

Las deportaciones siempre violan los derechos humanos, y el objetivo a largo plazo de los movimientos sociales debe ser detenerlas por completo. Durante la pandemia, esto es aún más urgente. Según estimaciones de expertes, entre marzo de 2020 y febrero de 2021, hubo más de 80,000 deportaciones a América Latina y el Caribe.

Nuestras contrapartes indígenas y campesinas indican con preocupación que las personas deportadas no tienen más opción que regresar a sus comunidades en su mayoría pobres y rurales. Debido a la falta de acceso a servicios de salud pública en EE.UU. y Guatemala (incluidos los efectos del racismo y el clasismo en la distribución de vacunas) esta situación podría introducir la COVID en comunidades que de otro modo están relativamente seguras debido a su aislamiento. En su primer día como presidente, Biden declaró una moratoria parcial de 100 días a las deportaciones, que una corte bloqueó poco después.

¿Qué son las expulsiones bajo Título 42?

En marzo de 2020, el gobierno de Trump convirtió en arma una orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que cerró su frontera sur a solicitantes de asilo. En la actualidad casi no existen vías legales para solicitar asilo en la frontera. En vez, EE.UU. viene enviando a quienes lo buscan a México o a sus países de origen sin posibilidad de buscar protección, lo que viola las leyes que protegen el debido proceso y el principio de non-refoulement (el no expulsar personas a países donde podrían afrontar persecuciones).

Mediante una orden ejecutiva el 2 de febrero, el presidente Biden ordenó una “revisión con prontitud” de la orden de los Centros y la regla del Título 42. También ordenó a las agencias gubernamentales que comenzarán a tomar medidas para restablecer el procesamiento seguro y ordenado de solicitantes de asilo.