“Las comunidades queremos un desarrollo digno y justo,
con armonía y respeto con la Madre Tierra.”
Comunidades en más de 30 municipios de las regiones afectadas por los megaproyectos, incluyendo represas, minas y la explotación petrolera, han exigido sus derechos a través de las consultas comunitarias. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifiesta que los pueblos indígenas tienen el derecho de ser consultados antes de que sus gobiernos emprendan proyectos de desarrollo en territorios indígenas. Ni siquiera, los tribunales guatemaltecos han declarado que las consultas comunitarias son legales pero no vinculantes. En una consulta en 2007 en el Ixcán, 89% de los participantes votaron en contra de las represas y la explotación de petróleo.
[i]
Representantes de comunidades afectadas por represas viajaron a la capital de Guatemala el 30 de septiembre de 2010 para presentar sus preocupaciones y demandas sobre la planificación y la inauguración de varios proyectos hidroeléctricos en el país.
En una conferencia de prensa, miembros de dos organizaciones comunitarias, la Asociación de Comunidades por la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales (ACODET) y el Frente Guatemalteco de Amenazados y Afectados por Hidroeléctrica y en Defensa Del Agua (FGARRDA), dieron sus presentaciones sobre lo que significan las represas para las comunidades afectadas y la biodiversidad regional.
Por ejemplo, si fuera construida la hidroeléctrica de Xalalá, afectaría más de 50 comunidades Q’eqchis directamente y afectaría unas 44 comunidades indirectamente, manifestaron los representantes. El gobierno de Guatemala, a través del INDE (Instituto Nacional de Electrficación), tiene planificado construir la hidroeléctrica donde se juntan los ríos Xalalá y Copón. Sería la segunda hidroeléctrica más grande del país.
Energía hidroeléctrica actualmente representa un tercio de la energía producida en Guatemala.[ii] La represa Chixoy, la más grande del país, fue construida en Rabinal en los años 70 y 80, y genera aproximadamente 15% del total de la energía de Guatemala.[iii]
[Foto: James Rodriguez, MiMundo.org]
La represa Chixoy tiene una historia violenta, la cual conoce muy bien las comunidades afectadas por proyectos construidos más recientemente. La construcción de la represa Chixoy empezó en los años 70, al mismo tiempo que el ejército de Guatemala empezó a enfocar sus esfuerzos en las áreas rurales durante el conflicto armado interno. Las comunidades afectadas se manifestaron en contra de la construcción, pero el gobierno reprimió severamente cualquier oposición expresada. Entre 1980 y 1982, alrededor de 5 000 personas fueron asesinadas en lo que es conocido como las masacres de Río Negro.[iv] Además, 3 500 personas fueron desalojadas violentamente sin un plan adecuado de reasentamiento ni resarcimiento.[v]
Para comunidades organizándose mientras enfrentan megaproyectos hoy en día, la memoria de Río Negro es una realidad aterradora. Comunidades por todo el país enfrentan amenazas e intimidación cuando se manifiestan a favor de sus derechos como pueblos indígenas. Las personas del panel declararon, “Hoy nuevamente nos quieren silenciar, con el miedo, intimidaciones, violencia y control. Les decimos no señores…hoy sabemos cuáles son nuestros derechos y no volverá a ocurrir otro genocidio provocado por la ambición de las grandes empresas.”[vi]
Comunidades en más de 30 municipios de las regiones afectadas por los megaproyectos, incluyendo represas, minas y la explotación petrolera, han exigido sus derechos a través de las consultas comunitarias. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifiesta que los pueblos indígenas tienen el derecho de ser consultados antes de que sus gobiernos emprendan proyectos de desarrollo en territorios indígenas. Ni siquiera, los tribunales guatemaltecos han declarado que las consultas comunitarias son legales pero no vinculantes. En una consulta en 2007 en el Ixcán, 89% de los participantes votaron en contra de las represas y la explotación de petróleo.
Los representantes de las comunidades afectadas por la represa Xalalá presentaron una lista de sus demandas, la cual incluye que el gobierno abandone el plan para construir la represa Xalalá, que reconozca y respete las consultas, que realice estudios de impacto objetivos, y que planifique proyectos de desarrollo que son sostenibles. Los representantes preguntaron al pueblo guatemalteco: “¿Por qué hemos de sacrificar nuestras tierras y la vida de nuestras comunidades, que son las más marginadas del país, para satisfacer las demandas del mercado y el abuso en el consumo de los que más tienen?”[vii]
Los representantes de ACODET y FGAARDA también realizaron una reunión con el Ministerio de Energía y Minería y el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales para presentarles un memorial detallando su posición y sus demandas, firmado por 2,158 personas que viven en comunidades afectadas. “Venimos a decirles que nuestras tierras no están en venta y que antes de realizar cualquier obra o plan de desarrollo debe contar con la autorización libre, previa e informada de nuestras comunidades,” dijeron en un boletín de prensa sobre su visita.
Aunque representantes de INDE fueron invitados a la reunión, ningún oficial de la empresa pública se presentó para escuchar el testimonio y las demandas de las comunidades afectadas por represas como Xalalá.
[i] Boletín de prensa. ACODET y FGAARDA. 30 Sep 2010.
[ii] Carmen Reina. Presentadora. 30 Sep 2010
[iii] “Mapas Hidroeléctricas 2009.” Ministerio de Energía y Minería. and “Electricity production from hydroelectric sources (% of total) in Guatemala” Trading Economics.
[iv] ADIVIMA (Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí).
[v] Johnston, Barbara Rose. “Chixoy Dam Legacy Issues Study,” AAAS Science and Human Rights Program,
[vi] Boletín de prensa. ACODET y FGAARDA. 30 Sep 2010.
[vii] Boletín de prensa. ACODET y FGAARDA. 30 Sep 2010.
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