Han sido 17 días en los que los Pueblos de Guatemala han expresado su rechazo hacia las acciones de corrupción, impunidad y perpetuación en el poder de funcionarios y funcionarias públicos. En específico han exigido la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, así como Rafael Curruchiche, Cinthya Monterroso y Fredy Orellana, funcionarios del Ministerio Público y Poder Judicial, coludidos por el “Pacto de Corruptos” (1) en Guatemala. 

Fotografía por: Aljazeera.com

[1] Acciones como el secuestro de actas de la primera vuelta electoral, en el allanamiento realizado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) a la sede del Tribunal Supremo Electoral el pasado 29 de septiembre y la renovación por cuarto año consecutivo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 13 de octubre, pese a que su mandato terminaba en 2019 y que varios de ellos han sido señalados por la población de socavar la justicia; son una muestra reciente de décadas de un sistema de opresión que ha llamado a la población de Guatemala a reclamar desde diversas expresiones en el territorio y fuera de este, el respeto a la democracia.

[2] Las Autoridades Ancestrales de los 48 cantones, organizaciones defensoras del territorio, organizaciones en búsqueda de memoria, verdad y justicia y lideres y lideresas comunitarios, desde el 2 de octubre se han manifestado de manera pacífica en las afuera del Ministerio Público en la Ciudad de Guatemala y diferentes puntos a nivel nacional decretando un Paro Nacional Indefinido, durante el paro se han unido sectores de la sociedad como el magisterio, mercados, artistas, médicos, sindicatos, estudiantes, transportistas, ciclistas, diáspora, entre otros, para acuerpar la continuidad de las manifestaciones desde el cuidado a sus cuerpos-territorios y el diálogo, para resistir las confrontaciones. 

[3] Pese a los esfuerzos de diálogos de las Autoridades Ancestrales con las instituciones del gobierno, los recursos presentados legalmente a la Corte de Constitucionalidad, la respuesta del gobierno ha sido represión. Desde el inicio del paro el gobierno ha enviado a cuerpos policiales y militares para intentar disolver las manifestaciones, amparándose de la resolución de la misma Corte de Constitucionalidad ordenó “restablecer la libre locomoción, utilizando la fuerza pública si es necesario”. A pesar de ello el pueblo permanece firme en su lucha por una Guatemala libre, más allá de las luchas surgidas por la defensa de la democracia durante un periodo electoral. 

[4] Finalmente, el 13 de octubre, el Presidente Giammattei accedió a reunirse con las Autoridades Ancestrales, durante esa reunión se evidenció la falta de voluntad política de Giammattei para remover a los funcionarios que han perpetuado el estado de corrupción en el país. Por lo que las Autoridades Ancestrales y los pueblos que les acuerpan permanecerán en Paro Indefinido de manera pacífica.

Pronunciamiento de las Autoridades Indígenas al Pueblo de Guatemala y Comunidad Internacional

[5] En los días siguientes los embates en contra de las manifestaciones pacíficas de los pueblos cada día se ha intensificado, viniendo desde grupos paramilitares y narcotraficantes quienes con su armamento están amenazando no solo el derecho a la manifestación, sino la misma vida de los manifestantes, así como también, se han incrementado la cantidad de noticias falsas y criminalizatorias que buscan deslegitimar las luchas. 

Fotografía por NISGUA. Altar sagrado frente al Ministerio Público en la Ciudad de Guatemala

[6] La primera semana de Octubre, Bernardo Arévalo viajó a EEUU para hacer cabildeo en apoyo de la democracia en Guatemala. Durante su viaje se reunió con diferentes actores, como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Secretario de Estado, Antony Blinken, la Administradora de USAID, Samantha Power, y el “think-tank” Wilson Center.  El presidente-electo está en una posición compleja. Necesita una alianza a corto plazo con actores en el gobierno de EEUU para resistir los embates del Pacto de Corruptos en Guatemala. A la misma vez, esto es una solución a corto plazo porque los intereses de EEUU y de Guatemala no siempre coincidirá, y en definitiva los intereses a largo plazo de EEUU no son los mismos a los de los pueblos en lucha. 

[7] En esa misma semana, Bernardo Arévalo, como presidente electo, instó al presidente actual Giammattei, a que dentro de sus aproximadamente 90 días como Presidente, utilice las medidas legales para  denunciar las acciones ilegales y espurias de los funcionarios corruptos del Ministerio Públicos. Nuestras contrapartes piden que el presidente electo Arévalo, que ahora más que nunca debe de mantener su congruencia con el Pueblo de Guatemala, al momento de iniciar su mandato ”los pueblos indígenas han de ser parte de la primavera democrática”, y por ende no permitir el establecimiento de agendas políticas de gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, cuyas políticas capitales e imperiales impactan de manera regresiva el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas para Guatemala y  nivel mundial.  

Fotografía por: Igor Patrick / www.scmp.com. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, pronuncia un discurso en un acto en el Centro Wilson de Washington.

[8] La unidad del pueblo de Guatemala ha trascendido su territorio, la diáspora de Guatemala se ha unido a estas manifestaciones haciendo acciones de protesta frente a las Embajadas en el exterior. Para muchos de ellos, la situación actual del país es un reflejo de lo que en su momento detonó su salida, exilio y/o desplazamiento forzado, por lo que no importa en donde se encuentren, su corazón está firme hacia la liberación de sus pueblos.

Fotografía y acción solidaria de: IFCLA – St. Louis Inter-Faith Committee on Latin America. Solidaridad internacional con la histórica y popular protesta pro-democracia y anti-corrupción en Guatemala desde Saint Louis, Missouri.

[9] El día de Octubre 18, la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución en la que dió 6 horas a las personas que se encontraban pacíficamente protestando en el Ministerio Público para desalojar el área voluntariamente, o ser desalojadas a la fuerza. El argumento principal por parte del gobierno es que se obstaculiza el acceso a las instalaciones. A raíz de esto, se generó un espacio de diálogo y negociación entre el Ministro de Gobernación, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Policía Nacional Civil y Autoridades Ancestrales. Éstas últimas demostraron claramente que el plantón del Ministerio Público es pacífico y que no obstaculiza el acceso a dicha institución. Ésto dejó sin argumentos reales a las diferentes autoridades que han arremetido en contra del derecho a la manifestación pacífica. En el momento de este escrito, Octubre 19, el día 18 de paro nacional, la protesta pacífica frente al Ministerio Público continúa. 

[10] Si bien durante siglos los Pueblos Originarios han vivido las políticas de exterminio y el abandono estatal, su historia de resistencia y lucha también ha prevalecido. Así fue el 20 de octubre de 1944 en la conocida “revolución de octubre”. Y así se está haciendo de nuevo. Después de 18 días de manifestaciones pacíficas, miles de personas de muchos sectores (organizaciones indígenas, estudiantiles, religiosas, laborales, de derechos humanos, y más) se están haciendo presentes desde ya en la Ciudad Capital para una vez más alzar sus voces, este 20 de Octubre de 2023, en un llamado contundente hacia el respeto de la democracia, el derecho de manifestación, y el fín de la impunidad y corrupción dentro de las instituciones gubernamentales de Guatemala.

Una pancarta en una pared con letras negras decía en español: “La alarma ya sonó, y el pueblo despertó” frente a la pancarta, policías cruzando.

(1) “Pacto de Corruptos” es un término usado en  Guatemala para referirse a políticos, empresarios, crimen organizado y miembros del sistema judicial acusados de actos de corrupción y que mantienen un sistema de impunidad que los protege de ser procesados y  mantienen su control político y económico a expensas de la mayoría de la población.