General López Fuentes espera que se le dé inicio a su audiencia. Graham Hunt

El 20 de junio del 2011, el General retirado Héctor Mario López Fuentes fue formalmente acusado de genocidio, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada.  Como jefe del Estado Mayor del Ejército bajo el régimen de facto de Efraín Ríos Montt, a López Fuentes se le imputa de ser el responsable de la elaboración y la ejecución de operaciones militares, incluyendo el Plan Victoria ’82, el Plan Firmeza ’83 y el Plan Operación Sofía, bajo el marco de las cuales se le definió a la población civil de étnia Maya Ixil como enemigo interno, suponiéndola base de apoyo al movimiento guerrillero y convirtiéndola así en blanco del ejército.  Pruebas incluyendo planes militares, evidencias forénsicas recogidas de fosas clandestinas y peritaje experto sobre el funcionamiento de fuerzas militares latinoamericanas fueron presentadas.  También se entregaron numerosos testimonios de sobrevivientes de las campañas de tierra arrasada del ejército en los municipios de Nebaj, Chajul, y Cotzal, área denomidado el Triángulo Ixil por las fuerzas armadas de Guatemala.

Los principales querellantes en el caso son la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).  NISGUA ha brindado acompañamiento internacional de derechos humanos tanto a la AJR como a CALDH desde la presentación de los casos de genocidio en 2000 y 2001.

General retirado Hector López Fuentes (mano derecha) durante la audiencia.  En el trasfondo, la representante legal de la AJR, Julia Cortéz.  La AJR y CALDH son los querellantes en el caso. Graham Hunt

General López Fuentes observa mientras sus abogados defensores guardan las pruebas presentadas en su contra por el Ministerio Público. Graham Hunt