NOTA DE PRENSA

La Asociación para la Justicia y la Reconciliación –AJR-, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG- y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG-.

A la opinión pública nacional e internacional informan:

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, presentamos ante la honorable relatora de la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, una petición de acción en contra del Estado de Guatemala, principalmente por DENEGACIÓN DE JUSTICIA en el caso conocido como Genocidio Ixil, periodo Lucas García, iniciado en el año 2001 y llevado a juicio 23 años después, cuando fue interrumpido por una resolución ilegal emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones cuyos integrantes tienen vínculos directos con personajes corruptos que procuran impunidad.

Esta petición es presentada en nombre de un mínimo de 1,200 víctimas directas y 27 mil víctimas indirectas de graves violaciones a Derechos Humanos tales como: Masacres y arrasamiento de aldeas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual y desplazamiento forzado; mismas que fueron cometidas en contra de población civil no combatiente de origen Maya Ixil, por unidades militares bajo las órdenes de los Generales, Manuel  Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas y Callejas, así como el Coronel Cesar Octavio Noguera Argueta, entre otros miembros del Estado Mayor General del Ejército, durante el régimen del también General Fernando Romeo Lucas García.

Algunos hechos que fundamentan nuestra petición:

  • 23 años pasaron desde presentada la primera querella, hasta llegar a juicio en 2024.
  • En 2024, faltando escuchar la sentencia del Tribunal que conoció el debate oral y público, fue suspendido por la sala mencionada anteriormente, mediante una resolución ilegal ordenando trasladar el juicio a un tribunal que no conoció el desarrollo de la prueba.
  • Los procesados CÉSAR OCTAVIO NOGUERA ARGUETA, Y MANUEL ANTONIO CALLEJAS Y CALLEJAS murieron en la impunidad con los privilegios que el sistema de justicia les brindó, mientras 46 víctimas, ancianas y ancianos sobrevivientes de los hechos fallecieron sin alcanzar justicia y en el abandono estatal.
  • En abril de 2024, inició el debate oral y público, únicamente contra MANUEL BENEDICTO LUCAS GARCIA. Pero después de 99 audiencias y más de 1000 órganos de prueba diligenciados, habiendo presentado pruebas contundentes sobre la responsabilidad del acusado en 34 masacres, desapariciones forzadas, 30 hechos de violencia sexual torturas y destrucción completa de aldeas que causaron miles de muertes de niñas, niños, mujeres embarazadas, ancianas y ancianos; habiendo concluido fiscalía y querellantes quienes solicitaron 2800 años de prisión en contra del acusado, mientras la defensa debía pronunciarse y el tribunal se preparaba para emitir sentencia, el juicio fue suspendido por la Sala Primera de la corte de Apelaciones.
  • Paralelamente la Fiscal General y Jefe del Ministerio Publico, intervino para obstaculizar la conclusión del juicio y una posible sentencia condenatoria desintegrando el equipo de fiscales que tenían a su cargo el caso, trasladando a unos y destituyendo a otros.

Ante estas claras acciones que atentan contra el derecho de las víctimas a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, la AJR, la ODHAG y el ICCPG, presentamos hoy nuestra petición ante la CIDH, en contra del Estado de Guatemala, por violaciones a varios derechos protegidos por la Convención Americana, desde el momento en que sucedieron los hechos hasta la impunidad generada al día de hoy, entre ellos: Discriminación, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, vida privada y familiar, derechos del niño, propiedad privada, libertad de circulación y residencia, derecho a igual protección de la ley, protección judicial, derecho a la verdad, y retardo injustificado en la obtención de la justicia, entre otros.

Con esta acción, reafirmamos nuestra lucha incansable por la dignificación de la memoria de nuestros seres queridos, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, ante un Sistema judicial capturado por las mafias que se beneficiaron con el genocidio, la imposición del olvido y el silencio sobre nuestra historia y nuestras luchas por una vida con justicia social.

Guatemala, 12 de marzo de 2026.