Los pueblos indígenas de Abiayala (en términos coloniales conocido cómo las Américas) continúan enfrentando los impactos directos de la continuación del colonialismo basado en la Doctrina del Descubrimiento: extracción impuesta de recursos naturales, impunidad por crímenes en contra de la humanidad, pobreza sistémica, robo indiscriminado de tierras ancestrales y más. Debido a que gobiernos nacionales han fallado en mantener sus obligaciones a la protección de los derechos humanos, las comunidades indígenas han sido forzadas a migrar en números desproporcionados para buscar protección.
Las agencias de migración de EE.UU. están actualmente violando los estándares internacionales de derechos humanos dedicados a las personas indígenas, incluyendo el derecho a existir como pueblos distintos, el derecho a hablar su lenguaje originario, y el derecho al debido proceso (UNDRIP, ILO Con. 169, OAS DRIP, UN ICCPR). Al no reconocer la información sobre la identidad y el lenguaje de los migrantes indígenas, el gobierno de EE.UU. está participando en una forma de genocidio estadístico. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) y sus agencias de aplicación de migración (CBH, BP e ICE por sus siglas en inglés) buscan borrar la existencia de migrantes indígenas al asumir que ellas y ellos son “Hispanos”, aún cuando los migrantes indígenas representan a personas y culturas que han existido desde antes que los estados-naciones de los cuales están migrando. Esta discriminación en contra de hablantes de idiomas indígenas también viola sus derechos al debido proceso durante cada etapa del sistema migratorio en EE.UU.
El presidente Biden ha tomado pasos para responder a algunas necesidades urgentes en el sistema de inmigración, sin embargo, las deportaciones y expulsiones han continuado. Las administraciones anteriores y la actual han fallado en su obligación legal de proteger los derechos humanos de todas y todos los migrantes, especialmente los derechos humanos de las personas indígenas. La administración de Biden necesita reconocer, consultar y tener interacciones directas con el liderazgo de las y los migrantes Indígenas y Negros. Para llevar a cabo esta obligación, solicitamos a la administración lo siguiente:
- Cese inmediato de todas las deportaciones durante la pandemia, ya que ha contribuido al contagio de COVID-19 dentro de las comunidades indígenas las cuales hubieran estado relativamente seguras del virus.
- Cese inmediato de todas las expulsiones de aplicantes de asilo bajo el Título 42, que impacta desproporcionadamente a niñas y niños indígenas y Negros que buscan asilo.
- Requerimiento al CBP, BP e ICE de documentar las identidades y los idiomas indígenas al momento del primer contacto con los migrantes en la frontera, y asegurar una interpretación y traducción de los idiomas indígenas rigurosa, y presente en cada etapa del proceso migratorio.
- Incluir de manera rigurosa, consulta directa con líderes y grupos indígenas, para la toma de decisiones relacionadas a temas de migración.
- Crear un marco legal de derechos humanos indígenas y una agencia de niveles protocolarios para asegurar su cumplimiento.
- Reconocer a los derechos y estructuras de autoridad indígenas como legítimos y soberanos.
- Cancelación de las políticas Trumpistas que limitan la definición de refugiado y restringen la elegibilidad de aplicantes de asilo.
- Investigar la esterilización involuntaria y/o desinformada de mujeres en los centros de detención e identificar a las sobrevivientes indígenas afectadas.
Para más información, por favor vea:
NISGUA agradece a los siguientes grupos y personas por su apoyo en desarrollar y escribir esta petición y lista de recursos: International Mayan League, Indigenous Languages Office @ Alitas Shelter, Giovanni Batz, Comunidad Maya Pixan Ixim, Center for Gender and Refugee Studies, Latin America Working Group, Asociación Pop No’j.
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