Los miembros de la comunidad regresan a un campamento pacífico en Casillas, inmediatamente después de la violencia policial el jueves

 

A pesar de las reclamaciones hechas tanto por el gobierno guatemalteco como por los empleados de la empresa canadiense Tahoe, la protesta no le impide la libre locomoción a ningún ciudadano que viva en la zona o a cualquiera que esté pasando, únicamente a los camiones de la empresa extranjera. Los miembros de la comunidad están convencidos de que no están deteniendo autos o autobuses públicos. Los únicos vehículos que se detienen son los camiones más grandes y se les pregunta si van a la mina o no. Desde que llegó el campamento pacífico, las comunidades dicen que los temblores que afectan la zona han cesado.

La llegada de la policía antidisturbios

La policía antidisturbios llegó el jueves por la tarde para dispersar a las personas presentes, donde usaron gases lacrimógenos y golpearon a algunos manifestantes con bastones mientras se retiraban del lugar. Armando Barrios vive a dos cuadras del campamento de Casillas. El jueves estaba en su casa cuando escuchó las explosiones de los cañones de gas lacrimógeno que disparaban. Vio latas que aterrizaban en el techo de un refugio para niños, a una cuadra de distancia. Los informes indican que dos niños de la zona fueron trasladados al hospital por intoxicación por gases lacrimógenos. Para una descripción más detallada de los eventos del jueves, haga clic aquí.

Cuatro personas fueron arrestadas y liberadas más tarde esa noche sin cargos. Uno de los hombres de Casillas que fue arrestado describió cómo se sintió después de su detención, “La policía trató de humillarnos”, dijo. “Estamos aquí protestando porque no queremos a la minería. Nuestra tierra produce todo para nosotros y con nuestros árboles, proporcionamos oxígeno para millones más. Eso es lo que estamos defendiendo aquí.

Las versión que circula en los medios de comunicación nacionales propagadas por Tahoe Resources y el gobierno guatemalteco hacen ver que los manifestantes estaban bloqueando la carretera, mientras que la postura de los manifestantes es que a nadie le gusta que una empresa extranjera venga tome su nombre y criminalice a los integrantes de una resistencia pacífica que participan en una manifestación social.

Celeste Gutiérrez, quien desde hace tiempo es miembro del movimiento contra la minería del municipio de Nueva Santa Rosa, enfatizó qué el Estado guatemalteco utiliza la fuerza pública contra su propio pueblo para proteger los intereses privados de Tahoe. “¿Por qué llegó la policía antidisturbios? La compañía minera está siendo directamente defendida por la Policía Nacional Civil.”

Alrededor del mediodía del viernes 23 de junio, la policía antidisturbios regresó al campamento. Esta vez no utilizaron gas lacrimógeno pero su presencia misma era vista como una otra forma de intimidación.

Violencia: un tema alrededor de Tahoe

Julio Osorio, un líder comunitario de Nueva Santa Rosa que ha estado presente activamente en el campamento desde que comenzó, expone que en los últimos años muchas personas han sido violentamente atacadas resistiendo a la presencia de la mina. “La gente tenía que llevar un caso jurídico hasta Canadá para tratar de encontrar justicia, porque no podemos obtener justicia aquí”, dijo, refiriéndose al tiroteo ocurrido en 2013 por la seguridad privada del proyecto Escobal contra manifestantes pacíficos y desarmados. Durante ese ataque, siete hombres resultaron heridos y varios han iniciado una demanda civil contra Tahoe Resources en Canadá por negligencia.

También en 2013, se decretó un estado de sitio en cuatro municipios de la zona como una forma neutralizar a las protestas que expresan abiertamente su posición contra la mina. Miles de elementos de la policía y el ejército fueron enviados a la zona, suspendiendo varias libertades civiles, deteniendo a decenas de personas que más tarde fueron liberadas por falta de pruebas. “En Guatemala, nosotros

[las muchas personas que luchan por sus tierras] siempre son vistos como enemigos del estado”, continúa Julio. “La compañía quería el estado de sitio para proteger su mina, y es por la violencia que ejercen continúan realizando sus operaciones ilegalmente”.

Para muchas personas en el campamento, la violencia de la policial del jueves trae recuerdos de la re-militarización de sus comunidades en 2013, es por ello que miles de personas regresan al campamento para seguir denunciando los impactos sociales y ambientales negativos que la minería está teniendo en la región.

Un sentido de comunidad y como la gente se levanta en defensa de la Tierra

Ron Clayton, Presidente de la Junta Directiva de Tahoe Resources, dijo en un comunicado de prensa: “Es importante señalar que la mayoría de los ciudadanos en las comunidades cercanas a la Mina continúan apoyando a la Mina. Seguiremos trabajando diligentemente para lograr que los líderes gubernamentales y comunitarios proporcionen información transparente con respecto a nuestras operaciones seguras.”

En contraste a estas afirmaciones, los miembros del campamento que representan seis municipios que rodean la mina indican que: “No son solo las personas de Casillas que están aquí.” Comenta Julio.  “También hay representantes de San Carlos Alzatate, Mataquescuintla, San Rafael las Flores, Nueva Santa Rosa y Santa Rosa de Lima. Esta es una lucha regional y la Constitución, habla de proteger el bien común sobre los intereses individuales. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, proteger el bien común. ”