Julio Gómez, Maya Chuj Coordinador del Gobierno Ancestral Plurinacional local, dirigiéndose a miles de personas en el Parque Central de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. Fotografía por Nelton Rivera, Prensa Comunitaria Km. 169
28 de enero de 2020
Lic. María Consuelo Porras
Fiscal General de la República de Guatemala
Édgar Godoy Samayoa
Ministro de Gobernación
Lic. Nester Mauricio Vásquez Pimentel
Presidente, Corte Suprema de Justicia
CC:
Lic. Sara Romero
Fiscalía contra el Crimen Organizado
Lic. Hilda Elizabeth Pineda
Fiscalía de Derechos Humanos
Lic. Augusto Jordán Rodas Andrade
Procurador de los Derecho Humanos
Estimadas y estimados,
Las organizaciones internacionales y nacionales de la sociedad civil que suscribimos esta carta, expresamos nuestra suma preocupación por la detención arbitraria del Señor Julio Gómez Lucas la noche del 26 de enero de 2020. El señor Gómez es autoridad ancestral Maya Chuj y defensor de los derechos humanos, conocido a nivel internacional por su defensa del territorio y promoción de la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas. Su detención, un día después de la llegada del Presidente Alejandro Giammattei a San Mateo Ixtatán para anunciar la implementación inmediata del llamado “Acuerdo para la Paz y Seguridad para San Mateo Ixtatán”, es parte de un patrón sumamente preocupante de criminalización y agresiones en los territorios Chuj, Q’anjob’al, Akateko y Popti’ del norte de Huehuetenango. Según información pública, cientos de policías antimotines y militares llegaron a la región en conjunto con la llegada del presidente.
A las 6:30 de la tarde el 26 de enero, Gómez se encontraba en camino para Chiantla, Huehuetenango, cuando agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes lo venían siguiendo, se atravesaron en su camino, casi provocando un accidente. Sin presentar una orden de captura, los agentes lo detuvieron y se lo llevaron a las oficinas de la DEIC en la cabecera de Huehuetenango. A las 3:50 de la mañana, la PNC lo trasladó al Centro de Administración de Justicia (CAJ) en Santa Eulalia, Huehuetenango, bajo los supuestos delitos de: instigación a delinquir, reuniones y manifestaciones ilícitas, agrupaciones ilegales de gente armada, atentado, asesinato en grado de tentativa y daño. Justo antes de la audiencia de primera declaración agendada para la 1 de la tarde el 27 de enero, la PNC lo trasladó de nuevo a la cabecera de Huehuetenango, casi sin ningún aviso. El señor Gómez ha sido detenido más de 24 horas y aún no tiene más información sobre su caso penal.
No es la primera vez que Julio Gómez ha sido blanco de actos de agresión como consecuencia de su liderazgo en la defensa del territorio y ante la implementación ilegal y discriminatoria de tres represas hidroeléctricas, propiedad de la empresa Energía y Renovación, S.A. en la microrregión de Yich’Kisis’ (Ixquisis), en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. En febrero de 2019, él fue secuestrado mientras trabajaba llevando madera a la comunidad Tz’ununkab’ del municipio de San Mateo Ixtatán. Un grupo de personas de dicha comunidad promovida por la empresa hidroeléctrica le golpearon, le arrastraron por las calles y le sometieron a tortura física y psicológica. Lo humillaron junto a su esposa y otros familiares quienes se encontraban con él, y le extorsionaron por aproximadamente $7,700 USD.
Julio Gómez siempre ha sido parte de la lucha digna, pacífica y basada en los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala. Como parte del Gobierno Ancestral Plurinacional Akateko, Chuj, Q’anjob’al, Popti’, ha mantenido su oposición a la implementación de los proyectos hidroeléctricas en la región. El Gobierno Plurinacional ha presentado dos amparos; uno contra del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ahora en la Corte de Constitucionalidad, y el otro contra el Ministerio de Energía y Minas, en la Corte Suprema de Justicia, por el otorgamiento de las licencias ambientales y de operación para el denominado proyecto “Pojom 2” de manera ilegal, por no haber consultado al pueblo indígena Maya Chuj antes de la instalación de dicho proyecto.
El 25 de enero de 2020, el Presidente Alejandro Giammattei llegó a la cabecera municipal de San Mateo Ixtatán acompañado por miembros de su gabinete, como también la Fiscal General de Guatemala, para anunciar la apertura de una fiscalía del Ministerio Público y la instalación de un Juzgado de Paz, en presencia de la empresa hidroeléctrica Energía y Renovación, S.A. Durante su estancia en el territorio, el presidente respaldó plena y públicamente el denominado “Acuerdo para la Paz y el Desarrollo en San Mateo Ixtatán Huehuetenango” suscrito a finales del año 2018 por el Alcalde Municipal saliente, entidades del Gobierno y entidades locales creadas por la empresa que imponen el proyecto hidroeléctrico en la Microregión de Yich’Kisis’ a conveniencia suya simulando respaldo total de la población, lo cual contradice las denuncias de las comunidades Chuj y Q’anjob’al de la MIcroregión de Yich’Kisis’ quienes han rechazado repetidamente el acuerdo por ser falso y no representativo de sus intereses como pueblos originarios.
Como organizaciones de los derechos humanos, exigimos:
- Que el estado guatemalteco garantice la integridad física de Julio Gómez Lucas mientras esté bajo su custodia,
- Que el Ministerio Público reconozca el labor de Julio Gómez como defensor de los derechos humanos y de los pueblos indígenas y desista de los cargos no fundamentados en contra de Julio Gomez inmediatamente,
- Que haya una investigación sobre las arbitrariedades de la detención de Julio Gómez Lucas,
- Que el Ministerio Público cese la criminalización y las agresiones en los territorios Chuj, Q’anjob’al, Akateko y Popti’ del norte de Huehuetenango,
- Que el Estado respete las normas y leyes nacionales e internacionales respecto a los derechos humanos y de Pueblos Indígenas y garantice el derecho de los Pueblos Indígenas de ser consultados y dar su consentimiento previamente, libremente e informadamente antes de la implementación de proyectos extractivistas en sus territorios.
El Estado de Guatemala tiene la obligación de proteger los derechos humanos y la vida de la población Chuj, Q’anjob’al, Akateko y Popti’ del norte de Huehuetenango bajo ataque por la implementación de proyectos extractivistas en sus territorios. Sería muy lamentable para la comunidad internacional que un Gobierno que recién ha tomado posesión tome represalia contra su propia población que contraviene su discurso. Quedamos a la espera de una pronta respuesta a nuestras preocupaciones y exigencias.
Abogadas feministas
Asesor Comunidades Eclesiales de Base
Asociación Civil El Observador
Asociación para el Mejoramiento Habitacional de Guatemala
Asociación Pop No’j
Backroads
BanchaLenguas Language Justice Collective
Borisquad
Catalyst Project
Civic Media Center
CODIDENA
Colectivo Skarabajo
Comité Campesino del Altiplano CCDA
Comunidad Maya Pixan Ixim
Consejo Maya Mam Saqtx’otx’ Chnab’jul
Denver Justice and Peace Committee
Disciples Peace Fellowship
Federación de Organizaciones y Asociaciones Civiles para el Habitat Popular
Florida Immigrant Youth Network
Frente Popular
Fundación Guillermo Toriello
GHRC-USA
Comité de Solidaridad con Guatemala, Iglesia Congregacional de Needham
H. I. J. O. S. GUATEMALA
International Jewish Anti Zionist Network
InterReligious Task Force On Central America and Colombia
Km207 Guatemala-Suisse
La mala yerba
La Red de Agua de Guatemala
Maritimes- Guatemala Breaking the Silence Network
Misión Boricua
Misioneros Claretianos Centroamérica
Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
New Hampshire-Vermont Guatemala Accompaniment Project
Oberlin Students in Solidarity with Guatemala
Otra Guatemala Ya
Skylight Pictures
Prensa Comunitaria
Protection International Mesoamérica
REDAGUA
Rosarium Productions
School of the Americas Watch (SOA Watch)
Secretaría JPIC Misioneros Claretianos
Sector Interreligioso Centinelas por la Dignificación del Estado
Seguridad en Democracia (SEDEM)
SITRADOMSA
Sociedad Civil de Mataquescuintla
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