Ante la “consternación” que la Corporación Financiera Internacional y el Banco Mundial expresaron respecto al informe de la Oficina del Ombudsman y Asesor de Cumplimiento (CAO), relacionado a la queja presentada el 01 de julio de 2015 por la Asamblea Departamental de Huehuetenango por la Defensa de los Recursos Naturales (ADH), y las y los defensores de los derechos humanos organizados en la Resistencia Pacífica de Santa Cruz Barillas.
A la comunidad nacional e internacional denunciamos:
Con fecha 01 de julio de 2015, defensoras y defensores de los derechos humanos, el territorio, la vida y los bienes naturales de las comunidades organizadas en la Resistencia Pacífica de Santa Cruz Barillas, familiares de los presos políticos del norte de Huehuetenango e integrantes de la Asamblea Departamental de Huehuetenango por la Defensa de los Recursos Naturales (ADH), presentaron ante la Oficina del Ombudsman y Asesor de Cumplimiento (CAO, por sus siglas en inglés), una queja para denunciar las diferentes violaciones a derechos humanos cometidas en el municipio de Santa Cruz Barillas por parte de la empresa Hidro Santa Cruz (HSC), subsidiaria de la transnacional Hidralia Energía-Ecoener de capital español, propiedad de los hermanos Castro Valdivia, que intentaron construir a toda costa el proyecto hidroeléctrico Canbalam, incumpliendo las Normas de Desempeño (ND) de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial (BM), al invertir en ese proyecto hidroeléctrico a través de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI).
La CAO aceptó la queja y realizó una investigación in situ para corroborar los elementos expuestos en la misma, y dió a conocer los principales hallazgos de su investigación en un Informe Final que fue publicado en diciembre de 2018. En abril de 2020, la IFC envió a los firmantes del reclamo su posición al Informe Final de la CAO.
En su respuesta, la IFC se exime de todas las anomalías “técnicas” que tuvieron lugar en el financiamiento a la empresa Hidro Santa Cruz (HSC) y a los hermanos Castro Valdivia para la construcción del proyecto hidroeléctrico Canbalam, insistiendo en respaldar el discurso respecto a los importantes “beneficios” que el proyecto hidroeléctrico pudo significar para la población del municipio de no haber existido oposición, a la vez que exculpa a la empresa de todas las violaciones a los derechos humanos que cometió en contra de la población organizada en la Resistencia Pacífica que se opuso a su construcción e instalación de la hidroeléctrica.
La persecución penal y el encarcelamiento al que fueron sometidos más de medio centenar de hombres y mujeres antes, durante y después que se decretara el Estado de Sitio, impuesto por el gobierno corrupto de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP) en mayo de 2012, fue la estrategia que la empresa y el Estado guatemalteco ejecutaron con el fin de neutralizar y eliminar a la población organizada en la Resistencia Pacífica, que abierta y públicamente se opuso a la construcción del proyecto hidroeléctrico y a la presencia de Hidro Santa Cruz en el municipio. Varias de estas personas fueron acusadas por los trabajadores de la empresa y asesorados legalmente por el equipo de abogados contratados por la misma. Los efectos de estos encarcelamientos fueron directos para quienes, por periodos comprendidos entre tres y 37 meses estuvieron en prisión por delitos que no cometieron, como se demostró en los juicios; e indirectos y múltiples para sus familias afectando su economía, así como el incremento del trabajo de sus compañeras de vida y el estudio de sus hijas e hijas.
El respaldo del Banco Mundial y la IFC a la versión divulgada por los hermanos Castro Valdivia y la HSC, así como pretender colocarse como un ente eminentemente “técnico” y al margen de las violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de la población de Santa Cruz Barillas, constituyen el punto central de su respuesta al Informe Final de la CAO, situación que denunciado y rechazada públicamente por la ADH en el año 2020.
La respuesta de la IFC es en sí misma un espaldarazo al incumplimiento de sus propias Normas de Desempeño (ND) y a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, a la vez que exime a los propietarios de la empresa y del proyecto hidroeléctrico, de la violencia y la represión desencadenada durante ocho años en contra de la población que nunca aceptó su construcción ejerciendo su derecho constitucional pues, como la historia lo demostró, no significó ningún beneficio para el municipio.
Es así como la IFC y el Banco Mundial continúan respaldando las ilegalidades e irregularidades cometidas por Hidro Santa Cruz de principio a fin, en donde el financiamiento que le dieron a esta empresa para la construcción del proyecto hidroeléctrico a través de la CIFI fue un elemento significativo. Con ello se pretende imponer un “borrón y cuenta nueva” así como negar las violaciones a los derechos humanos y los vejámenes cometidos contra la población del municipio.
En el fondo, el Banco Mundial y la IFC están defendiendo el “modelo de desarrollo” que está siendo impuesto a las comunidades y Pueblos Indígenas y mestizos de Guatemala, por parte de los grupos de capital nacional y transnacional con el apoyo total del Estado guatemalteco, en el que el saqueo y la explotación de los bienes naturales; la promoción y el financiamiento a proyectos hidroeléctricos; la explotación de minerales; los mega monocultivos de palma aceitera y azúcar, constituyen algunos de los principales ejes y proyectos de este modelo.
Por lo anterior, exigimos:
Una disculpa pública y un resarcimiento económico, político y social por los daños ocasionados durante 10 años a la población de Santa Cruz Barillas, ya que la IFC a través de la CIFI financió un proyecto que, sin haberse concretado, implicó la agresión armada en contra de tres comunitarios, uno de cuales falleció en tanto que los otros dos resultaron con graves heridas, siendo de conocimiento público que uno de ellos se había negado a vender a la empresa sus tierras para instalar el proyecto hidroeléctrico en cuestión. Los responsables de este ataque habían trabajado como guardias de seguridad de HSC, la cual negó esta relación laboral hasta que se vio obligada a reconocer que uno de los sindicados había sido su trabajador.
El retiro inmediato de empresas extractivas que siguen provocando división comunitaria, persecución y hostigamiento a niñas y mujeres, criminalización de liderazgos e, incluso asesinatos en el territorio nacional, no es posible que se preste mayor atención a inversiones monetarias que a la destrucción de los bienes naturales y de la vida de las personas, comunidades y pueblos.
¡Basta de criminalización a defensores y defensoras de derechos humanos y el territorio!
¡Justicia y resarcimiento para las comunidades de Santa Cruz Barillas!
¡Todas y todos somos Barillas!
Resistencia Pacífica de Santa Cruz Barillas y Asamblea Departamental de Huehuetenango en Defensa de los Recursos Naturales.
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