El 26 de enero, 2011, tras negociaciones sostenidas entre el gobierno de Guatemala y la Gremial de Industrias Extractivas -GREMIEXT-, ente que aglutina, entre otros, a las empresas extractivas de minerales operantes en el país, fue acordado un aumento voluntario de las regalías a pagar por éstas al Estado guatemalteco conforme la clase de mineral extraído.

Según un comunicado publicado en el portal del Ministerio de Energía y Minas -MEM-, “El convenio suscrito entre el Gobierno de la República y la Cámara de Industria de Guatemala, que agrupa a la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT), permitirá que las regalías generadas por la actividad minera de metales no preciosos se incremente del 1 al 3 por ciento, mientras que la de metales preciosos (oro y plata), se incrementen al 4 por ciento. Las regalías de Montana Exploradora, por venta bruta del oro y plata, se fijó en 5 por ciento”.  El comunicado explica que la medida se mantendrá vigente hasta el Congreso apruebe una nueva ley minera.  Asimismo, da a conocer que el convenio entrará de forma automática en caducidad con la caída de los precios de minerales a determinados valores: en el caso de oro, si cae por debajo de US$975.00 la onza.

Un comunicado publicado en el portal de la minera canadiense Goldcorp, Inc., profundiza en los términos del nuevo régimen tributario, dando a conocer que “Bajo los términos del acuerdo, la regalía sobre metales preciosos se incrementará del 1% al 4% de los ingresos brutos.  Estas regalías adicionales serán calculadas, pagadas y distribuidas de la misma manera que la regalía fijada en la Ley Minera de Guatemala.  Esto incluye la estipulación de que el 50% del total de la regalía será pagada directamente al municipio en donde ocurra la extracción minera.  Además, Marlin ha acordado pagar una regalía voluntaria adicional del 1%, con el 80% de esta regalía adicional utilizándose para implementar los planes de desarrollo económico de los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa.  El 20% restante será pagado al Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para usarse en el desarrollo de las capacidades institucionales de estos ministerios”.

Citado en el mismo comunicado, el presidente y director ejecutivo de Goldcorp, Chuck Jeannes, se mostró satisfecho con el convenio.  “”Este acuerdo en Guatemala representa un paso tremendo adelante para todos aquellos que tienen intereses (todos los “stakeholders”) en la Mina Marlin””, refirió. “”Las ganancias mejoradas generadas por el nuevo acuerdo de regalías posibilitarán una inversión mayor en iniciativas de desarrollo comunitario en la región y fomentarán un andamiaje regulatorio fuerte y consistente””.

Inconformes con lo acordado, sin embargo, sectores sociales y religiosos han cuestionado el convenio alcanzado entre las empresas mineras y el gobierno guatemalteco, señalándolo de eludir el problema de fondo y de no tomar en cuenta el sentir de la población.  Refiriéndose a los mecanismos legales regulatorios de la actividad minera, en un artículo salido en la Prensa Libre, el Obispo de la Diócesis de San Marcos, Álvaro Ramazzini, declaró que “Debe haber una revisión de estas y establecer nuevos parámetros donde se respeten la vida y los recursos naturales” y que “El Presidente –Otto Pérez– debe escuchar a las comunidades y a los ambientalistas y parar la explotación minera . . . no se tiene que dejar apantallar por el brillo del oro”.  Citado en el mismo artículo publicado en la Prensa Libre, Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social -CALAS-, criticó la exclusión de los actores sociales en las negociaciones hacia el nuevo acuerdo, declarando que “”Eso solo justifica la desconfianza, porque se realiza a espaldas de la población””.

En una entrevista hecha por la revista en línea Plaza Pública al ex-titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales bajo el gobierno de Álvaro Colom, Luis Ferraté, éste se sumó a la crítica, diciendo que “Incluso subir las regalías de uno a dos, tres, cinco por ciento no tiene ningún impacto. La mina debe dar un 20 o 30 por ciento. Esta propuesta no la acepto porque es una forma de decir “estamos haciendo las cosas, mientras se haga la ley, mientras se haga tal cosa”, y ese “mientras” puede ser años, entonces no. Las poblaciones van a defender sus territorios”.

Conocida por el Congreso en noviembre del 2010, sigue bajo discusión dentro de la Comisión de Trabajo de Energía y Minas de la legislatura una iniciativa de ley que no solamente aumentaría de forma permanente a un 50% de los ingresos de las mineras las regalías a ser pagadas por éstas (25% para los municipios afectados y 25% para el gobierno central) sino que además establecería una veda total contra la minería metálica a cielo abierto y exigiría el pleno cumplimiento del deber del Estado Guatemalteco de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de otorgar permisos para la explotación de recursos minerales en sus territorios.