Actualización solidaria con la lucha por la justicia en Guatemala

En los últimos cuatro años, la lucha por la justicia en Guatemala ha sufrido una serie de alarmantes reveses que nos llaman a mantener y sostener nuestra solidaridad con aquellos a quienes hemos apoyado durante más de cuatro décadas.

Durante la presidencia de Giammattei, quien en coordinación con el Pacto de los Corruptos y sus poderosos aliados económicos, han logrado la cooptación de los poderes judicial y legislativo del gobierno, dando como resultado una política de impunidad y severas represalias contra personas clave, como jueces y fiscales  independientes que han trabajado en casos relacionados con corrupción política, crimen organizado y crímenes del pasado, obligándolos a exiliarse.

Actualizaciones sobre los casos que acompañamos

• Caso de Diario Militar

Luego de que el juez Miguel Ángel Gálvez sufriera amenazas y persecución por abrir juicio a 9  ex militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad, se vio obligado a renunciar y exiliarse. Lo reemplazó la jueza Claudette Domínguez, quien resolvió dejar en libertad a Toribio Acevedo Ramírez y enviarlo a arresto domiciliario. Acevedo Ramírez fue detenido en mayo del año pasado en Panamá, cuando intentaba huir a Europa. Antes de su detención, se desempeñaba como jefe de seguridad de Cementos Progreso, fue miembro del Alto Mando Presidencial entre 1982 y 1986, cuando ocurrieron las desapariciones y asesinatos registrados en el Diario Militar.

Además, el 2 de febrero, el juez Rudy Bautista resolvió dejar en prisión domiciliaria a otros dos procesados en el caso: Malfred Orlando Pérez Lorenzo y Coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez. Todas estas medidas sustitutivas fueron otorgadas a pesar de que el arresto domiciliario no es una opción que la ley reconoce en casos de asesinato o desaparición forzada, como han señalado grupos de derechos humanos.

Estas acciones representan un riesgo de seguridad para testigos, sobrevivientes, familiares, demandantes y abogados en este caso. Los invitamos a leer el comunicado que las familias dieron luego de la audiencia.

• Caso Genocidio Ixil – Lucas García

Otro caso en el que vemos tendencias preocupantes es el caso del genocidio Ixil del período bajo  la dictadura de Romeo Lucas García (1978-1982). Luego de 3 años de espera, se confirmó para el 9 de enero la apertura del debate oral para determinar la responsabilidad penal de Benedicto Lucas García y Manuel Callejas y Callejas por los delitos de genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad por los operativos militares desplegados en la región Maya Ixil.

En este caso, la defensa también ha presentado medidas a favor de Lucas García y Callejas y Callejas, impulsando que vayan a prisión domiciliaria. Sin embargo, la audiencia fue suspendida debido a una recusación presentada por la defensa de la AJR para sustituir a la jueza Andrea Julieta Lobos, por posibles conflictos de interés al ser familiar de ex militares que formaron parte de las unidades de combate en la Zona Militar Quiché en la década de 1970.

Como NISGUA nos preocupa la obstrucción del acceso a la justicia de las víctimas, a través de tácticas dilatorias como la designación de jueces con conflictos de interés. También nos preocupa la seguridad de los testigos y sobrevivientes en este caso, ya que las acciones del sistema de justicia a favor de los militares acusados ​​​​deja a los sobrevivientes expuestos. Muchos sobrevivientes son de edad muy avanzada y tienen problemas de salud, lo que significa que es posible que no puedan testificar o que fallezcan antes de que puedan testificar. Esto significa una grave falta de acceso a la justicia para ellos, sus familias y sus comunidades.

A pesar del difícil contexto del camino hacia la justicia en Guatemala, nuestras contrapartes siguen comprometidas para lograr la justicia, más que nunca la solidaridad internacional es clave para que nuestras contrapartes sepan que no están solas.