PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
3 de junio 2013

(Toronto/Ottawa) El Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (Justice and Corporate Accountability Project – JCAP) en Canadá entregó el día viernes una queja a la Comisión de Valores de la provincia de Ontario en relación a la empresa Tahoe Resources (TSX: THO; NYSE: TAHO) por su deficiente divulgación de información sobre los casos de violencia vinculados a su único proyecto minero en el suroriente de Guatemala.

El 27 de abril, empleados de seguridad dispararon e hirieron a seis personas que se encontraban en frente del proyecto minero Escobal. Las escuchas telefónicas encargadas por el Ministerio Público de Guatemala implican a empleados de la empresa minera en los hechos.

Según la evidencia de las escuchas telefónicas, Alberto Rotondo, gerente de seguridad de la empresa Tahoe, ordenó a las fuerzas de seguridad de la mina atacar a los manifestantes. Rotondo ha sido ligado a proceso por obstaculización de la investigación penal, y por lesiones leves y graves. Se encuentra bajo medida sustitutiva de arresto domiciliario, a la espera de una audiencia probatoria en julio de este año.

El asesor de seguridad de la empresa, Juan Pablo Oliva Trejo, también fue detenido en conexión con el ataque y ligado a proceso por el delito de encubrimiento propio. Según las escuchas telefónicas, Trejo ayudó a Rotondo a movilizarse durante los días siguientes al ataque y le advirtió a Rotondo que saliera del país para evitar conflictos legales.

Según las directrices de la Comisión de Valores, Tahoe Resources debe presentar cambios materiales “de inmediato”. Sin embargo, la divulgación de información por parte de la empresa ha sido insuficiente e inexacta.

“Nos preocupa que Tahoe Resources minimice la gravedad de los serios crímenes por los que se acusa a sus empleados en sus comentarios a la prensa y que no haya emitido una declaración oficial para corregir los errores en la información emitida anteriormente a que surgiera la evidencia de las escuchas telefónicas”, indicó el abogado Shin Imai, del JCAP, Facultad de Derecho Osgoode Hall en Toronto.

JCAP solicitó que la Comisión de Valores inicie una investigación basándose en la sección 75(1) de la Ley de Valores (Securities Act) de la provincia de Ontario. JCAP presentó la demanda en nombre de Alerta Minera Canadá y su contraparte en Guatemala, el Comité en Defensa de la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores.

“Dado a que este es el único proyecto minero de la empresa, es importante que los accionistas y el público en general sepan que los empleados están implicados en ataques de esta magnitud, además de la constante y extensa oposición a la mina,” comentó Jen Moore de Alerta Minera Canadá.

Las comunidades locales han rechazado rotundamente el proyecto minero Escobal en las 12 consultas comunitarias llevadas a cabo hasta la fecha, y durante tres años se han mantenido en resistencia pacífica a la mina. El proyecto minero Escobal perteneció a Goldcorp Inc. hasta el 2010 y actualmente esta empresa posee 40% de las acciones de Tahoe Resources. En marzo de 2012, el Plan de Pensiones de Canadá (Canada Pension Plan) poseía el equivalente de US$8.7 millones en acciones de la empresa.

Se puede acceder a una copia de la carta entregada a la Comisión de Valores de la provincia de Ontario aquí (en inglés). Para más detalle, descargar esta Alerta para Inversionstas aquí (español).

Contactos:

Shin Imai, Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (Justice and Corporate Accountability Project – JCAP), Facultad de Derecho Osgoode Hall Law School, York University, (tel) 647-524-2312, simai@justice-project.org

Jennifer Moore, Coordinadora del Programa de Latinoamérica, Alerta Minera Canadá, (tel) 613-569-3439, jen@miningwatch.ca

Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP) es una agrupación de abogadas/os y estudiantes de derecho dedicada a la investigación y asesoramiento sobre responsabilidad empresarial en América Latina.

Alerta Minera Canadá es una iniciativa pan-canadiense que cuenta con el apoyo de organizaciones ambientales, de justicia social, sindicales e indígenas, de todo el país. Su objetivo es responder de manera coordinada y en relación al interés público a los temas de salud pública, calidad del agua y aire, hábitat acuático y vida silvestre, e intereses de las comunidades, frente a las amenazas que imponen en estos temas las prácticas y políticas irresponsables sobre minerales en Canadá y en el resto del mundo..