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Pobladoras y pobladores de los pueblos Maya K’iche’ y Maya Uspanteko votan en Uspantán, El Quiché en una consulta de octubre del 2010. Más de 25,000 personas emitieron su voto rechazando la minería y las hidroeléctricas a gran escala en la municipalidad. Foto: Graham Hunt

Las consultas comunitarias: un modelo de resistencia

A lo largo y ancho de Guatemala, la población local está utilizando una potente herramienta que pone en acción la democracia desde las bases. Las consultas comunitarias representan un tipo de referendo local que se basa en modelos ancestrales de toma de decisiones. Si bien su práctica en diferentes comunidades responde a costumbres locales, el objetivo central es el mismo — brindar un espacio en que un colectivo informado pueda decidir sobre la administración de la tierra, los recursos, y otros aspectos significativos de la vida comunitaria. Tanto para poblaciones indígenas como campesinas, las consultas comunitarias son un aspecto central de la administración tradicional de las tierras mediante la cual se protege el medio ambiente y las futuras generaciones. En cuanto proceso democrático, las consultas impulsan notablemente la resistencia a megaproyectos extractivos.

La potencia y éxito de este mecanismo de protesta han llevado a nuevos ataques. Desde los ámbitos estatales y empresariales se intenta cooptar esta notable expresión de democracia directa reduciendo las consultas comunitarias a un proceso administrativo controlado por el estado. En la actualidad, el Congreso de Guatemala tiene en sus manos un proyecto de ley que le otorgaría al gobierno la capacidad de estandardizar las consultas, determinar las comunidades a consultar y en qué circunstancias y, en última instancia, hacer caso omiso de los resultados si van en contra de los intereses del Estado. Organizaciones como el Consejo del Pueblo Maya (CPO) indican que este proyecto de ley es el más reciente ataque a la soberanía indígena, y que busca menoscabar la contundente resistencia pacífica a los proyectos de extracción de recursos. La intención de la iniciativa es clara; cuenta con el firme respaldo de la Cámara de Comercio de Guatemala con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), y se elaboró con la idea de favorecer a las transnacionales, sin ningún aporte significativo de comunidades indígenas.

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