23 de julio 2019

Escalada de tensiones, amenazas y difamación en contra de la resistencia pacífica a la minería en Mataquescuintla, Guatemala

La noche de viernes 5 de julio, integrantes de la Resistencia Pacífica de Mataquescuintla estaban de turno en uno de los dos plantones pacíficos en los dos lados de la mina Escobal que pertenece a  la empresa minera canadiense Pan American Silver. A las 21:50 llegó un hombre conocido por las personas presentes, Señor Henry Manrique Reyes, quien fue armado y amenazó de muerte a los presentes, preguntando específicamente para un líder comunitario de la resistencia, Julio David González Arango. Con temor de un estallido de violencia, miembros de la resistencia presentes llamaron la Policía Nacional Civil (PNC) de Mataquescuintla. Cuando la policía llegó al lugar, desconocieron los testimonios de las personas quienes denunciaron el hecho de que Reyes cargaba una escopeta. Cuando al final los agentes de la PNC encontraron el arma en el camión de Reyes, se lo quitaron, pero le dejaron al Sr. Reyes en plena libertad. Reyes pasó el resto de la noche amenazando a González Arango desde las afueras de su casa y de la casa de su suegro.

El próximo domingo, 14 de julio, el Sr. Henry Reyes llegó a la casa de familiares de Julio David González Arango mientras que el estaba de visita. Reyes le amenazó con una hacha, generando mucho miedo para González Arango y su familia, incluyendo sus hijos. Cuando la familia González Arango llamó a la policía de la sede en Jalapa, respondieron que no tenían combustible suficiente para llegar hasta la comunidad. La PNC solo respondió a la llamada por auxilio después de varias horas de presión por la sociedad civil y organizaciones internacionales. Aún después de los hechos del 5 y 14 de julio, Reyes sigue difamando a la Resistencia a través de su estación de radio, Stereo Colís, y sus cuentas de las redes sociales, diciendo que él ha sido víctima de ataques por la resistencia.

El siguiente domingo, 20 de julio, el Sr. Henry Reyes llegó al negocio de otro líder comunitario de Mataquescuintla, Adolfo Valenzuela, con un bate. En este momento, su hijo estaba en el negocio.  Reyes pidió que salía Valenzuela y su hermano a la calle, diciendo que les quería matar. Reyes procedió al dañar el vehículo de Valenzuela con el bate.

Estos incidentes se dan en el contexto de la suspensión de más de dos años de la mina Escobal y un proceso de consulta ordenado por la Corte Constitucional al pueblo Xinka afectado por la mina Escobal en el sur-oriente de Guatemala. Son parte del creciente estado de tensión, amenazas y difamación en contra de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa en la región en este último periodo.

Un patrón de difamación e inseguridad para defensores 

El Sr. Reyes, director de un colegio local y dueño del radio Stereo Colís, lleva más de cinco años, difundido mensajes difamatorios sobre personas de la Resistencia Pacífica de Mataquescuintla, usando su puesto como locutor de radio para acusarlos de terroristas y criminales. Muchas veces, ha hecho acusaciones sin pruebas y señalando de forma explícita a miembros de la Resistencia como responsables de haber generado violencia.

Desde el 2010, miembros y líderes de la Resistencia Pacífica en contra de la minería en la región han sufrido amenazas de muerte y difamación por actores tanto por funcionarios del estado como por individuos alineados con la empresa minera y sus intereses. La difamación por Reyes en contra de la resistencia en Mataquescuintla es parte de este  patrón de difamación, intimidación, criminalización y violencia en contra de los y las personas quienes están organizadas en defensa de su territorio y en contra de la minería y la mina Escobal de la empresa minera canadiense Pan American Silver.

En septiembre de 2018, la organización Protección Internacional publicó un informe analizando ataques contra defensores y defensoras de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa durante el periodo entre 2017 y 2018. Su investigación documentó un aumento en ataques junto a acontecimientos de provocación, intimidación y criminalización, campañas de difamación, y presión por fuerzas armadas o por grupos aliados con los intereses del proyecto minero. En su informe observa: “A través de los medios de comunicación y redes sociales el agresor en este escenario difunde mensajes que estigmatizan con contenido racista hacia [defensores de los derechos humanos], con el fin de defender los intereses económicos de las empresas mineras y difamar la labor de defensa de los derechos humanos. La empresa y sus aliados utilizan medios masivos de comunicación para realizar campañas de difamación y desinformación. Asimismo, varios de los incidentes de provocación, han dado una amplia pauta para que se desencadenara una ola mediática de difamación en contra de la resistencia, acusándolos de cometer delitos como “terrorismo o secuestro”.”

Asimismo, preocupa mucho el actuar de la PNC en no responder adecuadamente y con sesgo a las denuncias y peticiones de líderes de la resistencia tal como pasó el 23 de junio cuando Quelvin Jiménez,  abogado del Parlamento Xinka, fue detenido por más de cinco horas por la PNC después de un estallido de violencia durante una asamblea comunitaria en la comunidad de Jumaytepeque. El Parlamento Xinka y Jiménez habían pedido la presencia de la PNC varias veces en preparación para la asamblea, pero la PNC no llegó hasta que ya había empezado la violencia liderado por Cristina Ana Line Villalta García, aliada de la empresa minera, y un grupo local autonombrado la Comunidad Agrícola.

La Resistencia Pacífica en Mataquescuintla: Una fuerza permanente y firme

El municipio de Mataquescuintla fue uno de los primeros en la zona de la mina Escobal de llevar a cabo una consulta municipal en noviembre de 2012 en la cual el 98% de la población votó en contra de la minería en su territorio. Como cumplimiento de los resultados de la consulta, el alcalde rechazó recibir los pagos de regalías de la mina y aseguró que la empresa minera, hasta hoy día, no ha podido conectar su operación minera al sistema nacional de electricidad a través de la subestación ubicada dentro de la municipalidad de Mataquescuintla.

En mayo 2013, poco después de haber aprobado la licencia para operar la mina y sin tomar en cuenta más de 200 oposiciones entregadas en contra de la licencia en base de la ley minera, el estado guatemalteco declaró un estado de sitio y colaboró con la empresa para facilitar poner en operación de la mina a través de la militarización. Durante este tiempo, el estado estableció uno de los tres destacamentos militares en Mataquescuintla, lo cual se mantuvo en operación por más de dos años. Además de la militarización de la zona, líderes locales de Mataquescuintla, entre muchos otros, han sido criminalizados, amenazados y asesinados. En abril de 2014, una lideresa joven, Topacio Reynoso, fue asesinada por su papel en la resistencia. Ella tenía 16 años. Su papá, Alex Reynoso, fue baleado y herido en el mismo ataque, persona quien volvió a ser víctima de un ataque en octubre del 2015.

Al principio de 2019, a empresa minera canadiense Pan American Silver compró Tahoe Resources y la mina Escobal, a pesar de la clara falta de licencia social para operar, y el contexto histórico y actual de violencia y violaciones de los derechos humanos.

Este artículo fue escrito por una colaboración entre Earthworks, Institute for Policy Studies – Global Economy Project, Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, MiningWatch Canada y NISGUA.