COMUNICADO DE PRENSA
15 de agosto de 2024
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Michelle Liang, Acompañante Internacional, NISGUA
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Ciudad de Guatemala, Guatemala – El lunes 12 de agosto de 2024, las abogados defensoras del ex general Manuel Benedicto Lucas García, acusado de genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad del pueblo Maya Ixil, realizaron un intento frívolo y malintencionado de desestimar el caso en torno al genocidio del pueblo Maya Ixil en Guatemala.

El caso contra el ex general Lucas García lleva cuatro meses desde que se inició el 5 de abril de 2024 en el Juzgado Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, para Procesos de Alto Riesgo, Grupo «A», Ciudad de Guatemala, Guatemala. En los últimos cuatro meses, 63 sobrevivientes del genocidio Ixil y 50 expertos, entre antropólogos forenses, antropólogos sociales, expertos militares, expertos internacionales en desplazamiento forzado y medio ambiente, entre otros, han aportado pruebas irrefutables del papel del ex general Lucas García en el genocidio contra el pueblo Maya Ixil entre 1978 y 1982.

Desde el inicio del juicio, las abogadas defensoras han estado haciendo intentos desesperados para retrasar o suspender el caso, ya que saben que no tienen las pruebas para defender a Lucas García de los cargos de genocidio. El 25 de marzo de 2024, cuando el caso debía comenzar, dos abogados de Benedicto Lucas García renunciaron a la defensa del acusado, lo que llevó a que el juicio se suspendiera hasta el 5 de abril de 2024. Esta es una táctica dilatoria que los acusados de genocidio han empleado en el pasado, como en el caso de Ríos Montt. En el transcurso de los últimos cuatro meses, la defensa ha seguido presentando mociones sin fundamento, como un requerimiento contra un perito militar clave que aún está pendiente de resolución.

En cuanto a la moción del 12 de agosto de 2024 para desestimar el caso, los demandantes, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), declararon:

«Esta táctica es completamente ilegal, frívola y maliciosa ya que fue presentada fuera del tiempo estipulado y vigente. De acuerdo a la ley debe ser declarada improcedente mientras se encuentre en trámite, tal como lo regula el Código Procesal Penal en su artículo 67, segundo párrafo, que establece que ‘si fuere rechazada por improcedente, se continuará con la audiencia’… Esto sucedió en forma escrita ante un juzgado de conciliación, situación que demuestra un acto de mala fe por parte de la defensa, ya que sin importar esto debió haberse presentado en forma oral como lo establece la ley.»

Al día siguiente, 13 de agosto de 2024, el Tribunal resolvió continuar con el juicio. Aún así, en el momento del anuncio, el abogado de la defensa presentó otro recurso infructuoso para la suspensión del caso alegando que no habían recibido notificación de la resolución con suficiente antelación. Finalmente, el Tribunal falló en contra de la defensa.

Durante estos acontecimientos, 11 testigos de diferentes comunidades, que no pueden viajar debido a su avanzada edad y problemas de salud, se han estado preparando para dar sus testimonios ante el Juez Municipal de Nebaj, los cuales serán transmitidos por video al Juzgado Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, para Procesos de Alto Riesgo, Grupo «A» en la Ciudad de Guatemala.

Los 11 testigos están programados para rendir su testimonio ante el Juez Municipal de Nebaj del lunes 19 de agosto de 2024 al miércoles 21 de agosto de 2024 de 8:30 a 3:30 cada día. Llegarán de diferentes comunidades de la región Ixil, algunos desde cinco horas de distancia.

En Nebaj, instituciones del Estado, grupos contrarios a la justicia transicional, grupos de ex-Patrulleros de la Autodefensa Civil y la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) podrían intentar obstruir el procedimiento o coaccionar a los testigos que comparezcan a la audiencia. Por esta razón, los demandantes AJR y ODHAG han pedido que un ojo internacional vigile estos procedimientos.

Según la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG): «La presencia y observación de organizaciones sociales, colectivos y organizaciones de acompañamiento internacional…dan mayor confianza y tranquilidad a los testigos y, en particular, reducen los riesgos para su salud física y mental a través de su presencia, solidaridad y documentación de los procedimientos.»

En este momento crítico, un mes antes del final previsto del juicio, hacemos un llamamiento a los medios de comunicación internacionales para que sigan centrando la atención en el caso y reflexionen sobre el papel de la comunidad internacional a la hora de permitir el genocidio. En particular, Estados Unidos proporcionó entrenamiento a la policía y al ejército guatemaltecos, promovió la doctrina del «enemigo interno» y enseñó técnicas de tortura, desaparición forzada y tácticas de contrainsurgencia. Los supervivientes del genocidio del pueblo Maya Ixil y sus familias y comunidades llevan más de 40 años esperando justicia, y la lucha continuará hasta que prevalezca la justicia.

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Información general: El caso del genocidio del pueblo Maya Ixil lleva cuatro décadas gestándose. En este tiempo, supervivientes y familiares han envejecido mientras seguían luchando por el reconocimiento del genocidio, y muchos supervivientes han fallecido sin ver justicia.

El genocidio contra el pueblo Maya Ixil forma parte de un genocidio de Estado contra los pueblos indígenas de Guatemala que abarcó décadas (1960-1996), del que la Comisión de Esclarecimiento Histórico ha registrado más de 250.000 muertes y desapariciones, más de un millón de desplazamientos internos, 200.000 refugiados, 440 comunidades borradas del mapa y más de 600.000 masacrados, 70.000 huérfanos y 50.000 viudas.

Durante el gobierno militar de Romeo Lucas García (1978-1982), el Estado y el ejército guatemaltecos diseñaron y aplicaron su política de genocidio. Mientras Romero Lucas García estuvo en el poder, más de 1700 personas sufrieron genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad por las operaciones militares desplegadas en la región Maya Ixil.

La apertura del caso contra Manuel Benedicto Lucas García es un poderoso paso adelante en el camino hacia la justicia transicional. Sin embargo, siguen existiendo retos. Aunque la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo abre nuevas posibilidades democráticas de respeto al Estado de derecho y al debido proceso legal, siguen existiendo figuras corruptas en el Ministerio Público y en las altas cortes, incluidos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. Esto crea un alto riesgo de que el proceso sea interrumpido por acciones ilegales para proteger impunemente a los acusados.

Cronología del caso:

En 2008, la ODHAG aceptó la solicitud de la AJR para dirigir la investigación y las acciones legales en una denuncia penal contra el Alto Mando Militar del ex General Romeo Lucas García, por grave violación a los derechos humanos cometida por las fuerzas de seguridad del Estado contra la etnia Maya Ixil4 entre el 1 de julio de 1978 y el 23 de marzo de 1982.

Entre 2008 y 2019 se realizaron trabajos de investigación preliminar que permitieron la identificación de al menos 1296 víctimas.

En 2021, el juez Miguel Ángel Gálvez (hoy perseguido político por la Fundación Contra el Terrorismo) decidió enviar a juicio a los generales Manuel Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas y Callejas, por su presunta participación en los crímenes mencionados.
El Juicio, en Fase de Debate Oral y Público, estaba previsto para el año 2022. Sin embargo, tras una serie de excusas de varios magistrados y una recusación interpuesta por la parte querellante AJR, el tribunal no fue convocado hasta abril de 2023.

El 4 de enero de 2024, el Tribunal Primero de Sentencia Penal para procesos de Alto Riesgo, concedió la libertad inmediata al General retirado Manuel Antonio Callejas y Callejas, quien hubiera enfrentado juicio este enero por su responsabilidad en más de 1000 muertes, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y desplazamiento forzado, cuando fue Jefe de Inteligencia Militar del Estado Mayor del Ejército de Guatemala entre 1978 y 1982. Los expertos concluyeron que el General está incapacitado para ser juzgado porque padece demencia progresiva debida a la enfermedad de Parkinson. NISGUA y AJR afirman que esto no excusa la responsabilidad del General retirado Callejas y Callejas.

El juicio contra Manuel Benedicto Lucas García comenzó el 5 de abril de 2024.

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La Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA) vincula a las personas en los EE.UU. y Guatemala en la lucha global de base por la justicia, la dignidad humana y el respeto a la Tierra. NISGUA acompaña a los socios guatemaltecos en la lucha por la justicia y la rendición de cuentas y la defensa de la tierra y el agua, incluyendo AJR.