ACODET denuncia un intento de militarizar las comunidades que resisten la construcción de la represa Xalalá

Según el contrato firmado secretamente entre el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y la empresa brasileña Intertechne Consultores S.A., los estudios de factibilidad para la represa Xalalá debería comenzar en marzo de 2014. Las comunidades organizadas en defensa de su territorio, que por muchos años han luchado en contra de la construcción de la represa, denunciaron la llegada del ejercito y la Policía Nacional Civil en la región el 25 de febrero. Las comunidades rechazan por completo la acusación del gobierno de actividad narcotraficante en sus territorios.

A continuación, compartimos el comunicado entero de la Asociación de Comunidades para el Desarrollo y Defensa del Territorio (ACODET).

El pasado martes 25 de febrero de 2014, la Radio Sonora difundió notas donde el Ministerio de Gobernación, anunciaba haber recibido denuncia sobre la presencia de narcotraficantes en la comunidad Xalalá, municipio de Ixcán, atribuyendo la denuncia al señor Enrique Cajbón. Estos avisos se empezaron a transmitir desde antes del mediodía.

Alrededor de las cinco de la tarde de ese mismo día un convoy integrado por un camión y cuatro pickup del ejército y dos vehículos de la PNC, llegaron al cruce cercano al puente del río Copón, en área de comunidades amenazadas por la construcción de la represa Xalalá.

Las autoridades de nuestras comunidades se dirigieron a los encargados del contingente militar y policía para preguntarles sobre el motivo de su presencia en nuestro territorio, a lo que ellos respondieron que habían recibido una denuncia ciudadana sobre un supuesto desembarco de droga en la comunidad Xalalá. Al presentarse el señor Enrique Cajbón, ante los policías reconocieron que él no es el denunciante y se comprometieron a entregar al día siguiente copia de la denuncia a nuestras autoridades comunitarias. Después de firmar un acta de aclaratoria junto a nuestras autoridades comunitarias, el ejército y policías regresaron a Playa Grande, Ixcán. Al día siguiente nuestras autoridades comunitarias se presentaron en la subestación de la PNC en Ixcán, pero no les entregaron copia de la denuncia. Ante la insistencia de nuestras autoridades para que le proporcionen la copia el agente que se comprometió el día anterior les advirtió que en próximos días podrían aterrizar helicópteros en terrenos de nuestras comunidades.

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre el INDE firmó un contrato con la empresa brasileña Intertechne Consultores S.A. para realizar estudios de factibilidad para la represa Xalalá, los cuales incluyen los estudios geológicos que deben realizarse en territorio de nuestras comunidades, el cual está programado para el mes de marzo del 2014, y que el lugar que el INDE utilizó a principios de los 80s para la realización de los primeros estudios geológicos del Proyecto Hidroeléctrico Xalalá, se encuentra precisamente en terrenos de la comunidad Xalalá, municipio de Ixcán.

Ante estos hechos nosotros las comunidades maya q’eqchi’ amenazadas por la construcción de la represa Xalalá, agrupadas en la Asociación ACODET

1. Que en nuestras comunidades todos nos conocemos, usamos la tierra para producir nuestros alimentos, no sabemos, ni aceptamos la presencia o uso de nuestro territorio por parte de grupos del crimen organizado.
2. Que en Xalalá no existe ninguna pista clandestina. Hay en el centro de la comunidad un área verde que en el pasado se usó como pista de aterrizaje y que actualmente nos sirve como campo de fútbol, espacio comunitario para pastoreo de nuestros animales domésticos y que no está habilitada para aterrizaje de avionetas.
3. Que el señor Enrique Cajbón es miembro de la autoridad indígena ancestral de la comunidad indígena Q´eqchi’ Xalalá y en ningún momento presentó la supuesta denuncia, como ninguno de los demás miembros de las autoridades de nuestras comunidades fueron informada de dicha denuncia, ni solicitaron protección del ejército.
4. Que nos resulta muy extraño que el ministerio de gobernación publique por medio de la radio y con anticipación, la realización de un operativo que supuestamente sería para la captura de narcotraficantes.
5. Que con estos hechos entendemos que el gobierno lo que trata es de atemorizar a nuestras comunidades, desprestigiar nuestra lucha ante la imposición de la represa Xalalá y justificar la presencia de efectivos militares en nuestro territorio.
6. Que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dice “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público, o que se hayan acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado, y que los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”. (artículo 30).