Graham Hunt
*Español abajo*

On April 26, 1998, two days after publicly presenting the Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), the interdiocesan truth commission report detailing human rights abuses committed during Guatemala’s 36-year civil war, bishop Juan José Gerardi Conedera was brutally assassinated in the garage of his home.  13 years later, hundreds participated in commemorative activities in honor of the martyred prelate.

The REMHI found that for more than 200,000 killings and forced disappearances, as well as 669 massacres committed during the armed conflict, state security forces were responsible for 93% and guerrilla forces for 3%.  In 4% of the cases investigated, the responsibility of either of the parties could not be clearly established.  Of all the victims of the violence, more than 80% were indigenous, and in 1999 the U.N.-sponsored Historical Clarification Commission echoed the findings of the REMHI, judging that Guatemalan security forces had committed genocide against the Maya.

In a press conference on April 25, 2011, representatives of the Office of Human Rights of the Archdioceses of Guatemala (ODHAG), the office administered by Gerardi until his death, indicated that investigations into the assassination continue against 13 people, mostly individuals who were members of the Guatemalan military at the time of the crime.  In 2001, Colonel Byron Lima Estrada was found guilty of having authored the murder along with his son, Captain Byron Lima Oliva.  A priest, Mario Orantes, was found complicit.
El 26 de abril, 1998, dos días después de presentar al público la Recuperación de la Memoria Histórica, el informe de la comisión de la verdad interdiocesana que detalla los abusos contra los derechos humanos cometidos a lo largo de la guerra civil que sacudió a Guatemala durante 36 años, el obispo Juan José Gerardi Conedera fue brutalmente asesinado en el garage de su hogar.  13 años después, centenares participaron en actividades conmemorativas realizadas en honor al prelado martirizado.


La REMHI halló que por más de 200,000 asesinatos y desapariciones forzadas, así como 669 masacres cometidos a lo largo del conflicto armado, las fuerzas de seguridad estatales fueron responsables de un 93% y fuerzas guerrilleras por un 3%.  En un 4% de los casos investigados no se logró establecer claramente la responsabilidad de ninguna de las dos partes.  De todas las víctimas de la violencia, más del 80% fueron indígenas, y en el 1999 la Comisión de Esclarecimiento Histórico auspiciada por la ONU hizo eco de los hallazgos de la REMHI, determinando que las fuerzas de seguridad Guatemaltecas habían cometido genocidio en contra del pueblo Maya.


En una conferencia de prensa el 25 de abril, 2011, representantes de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), la oficina administrada por Gerardi hasta su muerte, indicaron que las investigaciones en cuanto al asesinato siguen en contra de 13 personas, en su mayorías individuos quienes habían empeñado cargos dentro de las fuerzas armadas guatemaltecas en el momento del crimen.  En el 2001, el Coronel Byron Lima Estrada fue hallado culpable por la autoría del magnicidio, juntamente con su hijo, el Capitán Byron Lima Oliva.  Un sacerdote, Mario Orantes, fue hallado cómplice.