Movimiento guatemalteco para la autodeterminación revindica prácticas ancestrales y exclama su oposición a la extracción y explotación de recursos naturales.

Las comunidades indígenas de Guatemala han realizado durante generaciones consultas comunitarias para la toma de decisiones sobre temas que afectan a sus pueblos y a sus territorios. La firma de los Acuerdos de Paz en 1996 facilitó la aprobación de leyes nacionales y acuerdos internacionales que reconocen los derechos particulares de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, el modelo económico neoliberal impuesto al concluir el conflicto armado ha priorizado la extracción de recursos naturales, lo cual básicamente contradice la defensa de esos derechos. En términos concretos, la Ley de Minería de 1997 redujo los niveles de supervisión y el porcentaje de regalías que las empresas mineras debían otorgar al estado.