El 1 de julio del 2014, autoridades de la Dirección General de Migración de Guatemala cancelaron la residencia temporal a dos acompañantes internacionales de derechos humanos con Brigadas Internacionales de Paz (PBI). La Convergencia por los Derechos Humanos, un red de organizaciones Guatemaltecos sociales, ambientales, de derechos humanos, feministas, campesinas y de defensa territorial, respondió a la expulsión, publicando la declaración siguiente. Versíon en ingles aquí.
Las organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos, feministas, campesinas y de defensa territorial abajo firmantes, reclamos nuestro derecho a defender derechos humanos y contar para ello con el acompañamiento solidario.
Al inicio de este mes, una voluntaria y un voluntario de las Brigadas de Paz Internacionales (PBI), fueron conminados por autoridades de migración en Guatemala a abandonar el país. La notificación fue remitida a ambos observadores, sin que el texto en cuestión expresara los hechos según los cuales se les aplicaban artículos de la ley de migración que implicaban su salida obligada del país.
En un falaz afirmación, el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), teniente coronel retirado Héctor Mauricio López Bonilla, aseveró haber visto videos en los cuales se aprecia a los observadores de PBI lanzando piedras a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). Acción que habría tenido lugar durante el desalojo violento a la resistencia pacifica en La Puya, perpetrado con abuso de poder y violencia, por las fuerzas de seguridad bajo el mando el mando del Ministro. Sin embargo, en la nota de cancelación de las residencia temporal de ambos, no se exponen tales hechos, mismos que, como se ha indicado, son falsos.
Con la acción perpetrada por la autoridades del Mingob, primero reprimiendo violentamente una resistencia pacífica–al extremo de engrilletar a una verificadora nacional de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA)–, y luego, hostigando a las y los observadores internacionales solidarios, se vulnera el derecho a defender derechos. La Constitución Política de la República obliga al gobierno a respectar y proteger a los defensores de derechos humanos, sin embargo se coarta el derecho a a la libertad de asociación, reunión, manifestación y expresión, además de que se instala una política de xenofobia, típica de regímenes autoritarios y dictatoriales enemigos de la democracia.
Por tales motivos, las personas y organizaciones firmantes:
Guatemala, 6 de julio de 2014
Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA); Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH); Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS); Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH); Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosial (ECAP); Asociación El Refugio de la Niñez; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG);Oficina de Derechos Humanos de Arzobispado de Guatemala (ODHAG); Seguridad en Democracia (SEDEM); Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA); Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)
AMISMAXAJ; Asociación Kaji’ B’atz; CCNUEVODIA; ILUGUA; Puente de Paz; OASIS
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