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| Un hombre agita una bandera que lleva el logotipo del Comité de Unidad Campesina. Graham Hunt |
En una entrevista con el diario guatemalteco la Prensa Libre en San Pedro Sula, Honduras, Carlos Daniel de León, de la Agencia de Comercio e Inversión de Guatemala, dio a conocer el 19 de febrero que representantes del sector privado en Guatemala habían entregado al gobierno ejecutivo una propuesta de ley que reglamentaría la realización de las consultas comunitarias en Guatemala. “Se está evaluando el proceso,” explicó, “para que no cualquier persona pueda hacer una consulta popular, sino que en realidad sean las instituciones adecuadas y en el formato adecuado”. Llegó a clarificar que “Ha sido una propuesta hecha por el sector privado y está siendo evaluada en la Presidencia–de la República–, para operativizar un reglamento en el tema de consultas populares”.
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| Graham Hunt |
El 23 de Febrero, el Presidente de la República, Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de Esperanza, convocó a varios sectores de la sociedad civil y de la empresa privada a la desvelación de una propuesta de ley, por parte del gobierno, para reglamentar las consultas comunitarias. Como se reportó en una entrada previa a este blog tratándose de la
consulta comunitaria de buena fe de San Juan Ostuncalco, a ocasión de su visita a Guatemala en junio del 2010, el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya, denunció que a partir de la ratificación del Convenio 169 de la OIT por el gobierno de Guatemala en 1996, las autoridades, con mucha frecuencia, han tomado el vacío legal imperante in cuanto a su implementación como una falta de obligaciones en cuanto a su aplicación. Organizaciones y comunidades indígenas, sin embargo, alegan que la actual propuesta del gobierno se trata de una iniciativa de la empresa privada y, el 23 de febrero, denunciando que no se les está consultando mientras el gobierno procede a reglamentar el proceso de consulta, el Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), la Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH), el Consejo de Pueblos K’ichés (CPK), la Coordinación y Convergencia nacional Maya Waqib’ Kej, el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Coordinadora nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y el colectivo MadreSelva, entre otras agrupaciones, montaron un plantón frente al Palacio nacional, sitio de la reunión oficial.
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| Miembros del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) sostienen una manta en la cual aparece una imagen del Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya, en su visita a Guatemala en Junio del 2010. Pancho Guindon |
En sus
observaciones preliminares sobre su visita a Guatemala el 13 al 18 de junio de 2010, Anaya reconoció que “la ausencia de un marco legislativo e institucional en esta materia ha llevado a procesos de consulta que son, cuanto menos, insuficientes desde el punto de vista de los estándares internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas”. Procedió a decir que “Por un lado, para algunos sectores gubernamentales, la falta de reglamentación interna implica la ausencia de una obligación vigente de consultar. Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, sin embergo, esta posición no es sostenible. Las disposiciones del Convenio 169 son directamente ejecutables y de obligado cumplimiento por todos los agentes públicos. Esta conslusión ha sido reforzada por la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, que ha afirmado expresamente que la consulta constituye un derecho fundamental, integrante del bloque de constitucionalidad, al mismo nivel que otros derechos reconocidos en la Constitución. El argumento de la falta de obligatoriedad de la consulta a los pueblos indígenas ha contribuido en gran medida a la situación de grave inseguridad jurídica que afecta actualmente a las actividades extractivas y de inversión en el país”.
“Por otra parte”, continua, “se ha generado un debate sobre la validez o no de las llamadas consultas comunitarias de buena fe, consultas llevadas a cabo por las propias comunidades indígenas afectadas por la minería o por proyectos hidroeléctricos en aplicación de las disposiciones del Código Municipal, y en la mayoría de las cuales las comunidades se han manifestado en contra de estos proyectos. La Corte Constitucional ha interpretado que estas consultas no son estrictamente vinculantes debido a que los municipios no tienen competencia en materia de minería. En todo caso, considero que la trascendencia de las consultas comunitarias no se agota con la cuestión de que si son o no vinculantes desde la perspectiva del derecho interno. Estas iniciativas son válidas y tienen relevancia en la medida en que constituyen un reflejo de las aspiraciones legítimas de las comunidades indígenas a ser escuchadas en relación con todo proyecto que tenga un impacto potencial sobre sus territorios tradicionales.”
Reiteró la necesidad de que se dé un paso en el ámbito legal, afirmando que “La reglamentación de la consulta otorgaría a estos procesos una mayor certeza y seguridad jurídicas que son necesarias para toda actuación de los poderes públicos. En este sentido se han declarado organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), la Comisión de Expertos sobre la Aplicación de Convenios y Recomendaciones Internacionales del Trabajo de la OIT y por la propia Corte de Constitucionalidad de Guatemala. La mayoría de los actores interesados, incluyendo distintos Ministerios del Gobierno, organizaciones y pueblos indígenas, parecen ahora estar de acuerdo con la necesidad de avanzar urgentemente hacia ese objetivo.”
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| Graham Hunt |
Como se reportó en la Prensa Libre y La Hora, el acto de protesta en la capital se vio reflejado en una conferencia de prensa llevada a cabo por parte de CPO y ADH en el departamento de Huehuetenango, donde 30 de 32 municipios han realizado consultas comunitarias en las cuales la población ha rechazado rotundamente toda clase de operación minera. Como reportado en la Prensa Libre, Francisco Morales de la ADH el rechazo de la agrupación hacia la iniciativa del gobierno, diciendo que “Dicha reglamentación obedece a intereses de las clases poderosas, y por eso no permitiremos que entre en vigor, pues las consultas comunitarias no se negocian, ya que nacen de los pueblos y son procesos de verdadera democracia que buscan exponer el punto de vista de las poblaciones relacionadas principalmente a temas de la explotación minera, la construcción de hidroeléctricas y megaproyectos”.
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| El palacio estaba vigilada por una gran delegación de agentes de la Policía Nacional Civil. Graham Hunt |
En un
comunicado de prensa, el Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) manifestó que “La intención de reglamentar el Derecho a la Consulta contenido en el Convenio 169 de la OIT, es arbitraria, contradice la esencia misma de este instrumento y vulnera, por parte del Estado de Guatemala, principios del derecho internacional”. CPO también expresó que “Que de aprobarse el reglamento se estaría tergiversando, restringiendo y vulnerando el espíritu del Convenio en muchas de sus intenciones, afectando con ello derechos fundamentales de los pueblos indígenas contenidos en este instrumento internacional, entre otros, el derecho a la consulta, a las formas propias de organización social, al derecho a procedimientos propios y al territorio.” CPO concluye “QUe interpretamos esta intención como un acto de mala fe y racista que con aparente deseo de cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, disfraza mecanismos que violentan nuestros derechos y busca consolidar intereses económicos particulares nacionales y extranjeros”.
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| Graham Hunt |
De igual forma, en un
comunicado de prensa, el Consejo de Pueblos K’ichés exigió al gobierno “Respetar y no violentar los sistemas ancestrales de consulta”, así como “Respetar los resultados de las consultas comunitarias de buena fe
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