Más de 30 comunidades xincas y campesinas de los municipios de Quesada y Jutiapa, ubicados en el suroriente de Guatemala, están en resistencia a un proyecto energético de biomasa, lo cuál propone la quema de árboles de eucaliptos para generar luz eléctrica. Representantes de las comunidades se han formado un plantón en resistencia, manteniendo una presencia permanente en las dos entradas al sede del proyecto por más de ocho semanas y dicen que no se moverán hasta que la empresa se retira toda la maquinaria de las instalaciones.
Aunque la energía de biomasa se promociona como una forma de energía “verde” y renovable, las comunidades están preocupadas de los impactos que la planta energética ya se ha dado en el entorno local. El sede del proyecto está ubicado en las faldas del Cerro de Flores – también conocido como el Volcán Amayo – el cual, en el pasado, fue un área forestal. El proyecto de biomasa, propiedad de Alternativa de Energía Renovable, S.A., ya se ha deforestado un gran área de ecosistemas nativas para dar paso al monocultivo de eucalipto, agotando los nutrientes del suelo y la biodiversidad en el nombre de “energía alternativa y renovable”. La comunidades se preocupan que la planta energética contaminará las numerosas fuentes de agua que fluyen del Cerro.
La entrada del campo de resistencia. Foto: NISGUA
En una visita al campo, el Presidente del Parlamento Xinca y residente de Quesada, Aleiser Arana, contó a NISGUA que después de la consulta municipal que se llevó a cabo el día 8 de mayo de 2016, las y los vecinos empezaron a indagar acerca de posibles amenazas a su territorio. En la consulta, más que 8,000 personas votaron en contra de proyectos mineros en cualquier parte de su municipio, con solo 8 votos a favor. Desde entonces, este proyecto ha avanzado sin ningún proceso de consulta comunitaria y a pesar de la decisión clara que tomó las comunidades en contra de proyectos extractivos que pone en riesgo el medioambiente.
Los detalles del proyecto de biomasa se quedaron ocultos por varios meses porque una licencia para el proyecto energético nunca fue solicitado en el Ministerio de Energía y Minas. La empresa ha dicho que no se necesita una licencia debido a que es una producción mínima de energía, sin embargo, las comunidades han encontrado otras anomalías en la legalidad del proyecto. Ya más de 2,000 árboles nativos, entre ellos algunos registrados como especias protegidas en peligro de extinción, han sido talados para dar paso al bosque de eucaliptos y que fueron vendido con fines de lucro. La empresa supuestamente no contaba con la licencia de tala comercial de árboles necesario para llevar a cabo estas actividades.
Solidaridad desde otros movimientos que defienden la tierra del extractivismo de los recursos naturales
Después de 45 días de presencia permanente en el campo, las y los miembros de la resistencia realizaron una misa solidaria especial el día 2 de septiembre de 2016, en la cual intercambiaron experiencias con otros movimientos de Guatemala en defensa del territorio. Miembros de “La Puya” hablaron acerca de su lucha de más de 4 años en resistencia pacífica a la mina El Tambor, propiedad de la empresa estadounidense Kapps Cassiday and Associates, que se ubica en las afueras de la ciudad de Guatemala. Otras organizaciones legales y ambientales presentes incluyeron CALAS, CODIDENA, la Sociedad Civil Organizada de Mataquescuintla, y el grupo de jóvenes JODVID, quienes compartieron sus experiencias organizativas en contra de la expansión de la mina de plata El Escobal de Tahoe Resources en la municipio vecino de San Rafael Las Flores.
Unos de los líderes de JODVID, Luis Fernando García, comparta su experiencia como un líder joven en el movimiento de resistencia de la mina Escobal. Luis Fernando fue baleado por la seguridad privada de la mina el 27 de abril de 2013 durante una manifestación pacífica en frente de la entrada de la mina. Foto: JODVID
En un comunicado en solidaridad con el campo de resistencia, JODVID – Jóvenes Organizados en Defensa de la Vida – se expresó, “Como jóvenes, creemos que se están violando los derechos de la comunidad, como el derecho de agua y un ambiente sano. Ya que la instalación de este proyecto evidencia la grave violación a los derechos humanos de los pobladores al no ser bien informados o no tomados en cuenta en las decisiones de su territorio, así mismo, la falta de información previa de dicho proyecto.”
Hasta el momento, instituciones estatales y municipales han ofrecido mediar una mesa de diálogo entre la resistencia y la empresa en dos ocasiones diferentes. En ambas ocasiones, la empresa no ha venido.
NISGUA sigue brindando acompañamiento internacional y medios para la incidencia para las comunidades afectadas por la mina Escobal de Tahoe Resources. Observamos la consulta municipal de Quesada, Jutiapa en mayo de 2016.
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