Mujeres jóvenes Xinka lucen con orgullo vestidos tradicionales adornados con imágenes y nombres de sus municipios durante la celebración del 8º Aniversario de la Resistencia Pacífica del Pueblo Xinka. Fotografía de NISGUA, Junio 2025.
El día de hoy, 8 de junio de 2025, conmemoramos ocho años de resistencia pacífica del Pueblo Xinka aquí en Casillas frente al proyecto minero El Escobal ubicado en San Rafael las Flores y operado por la empresa transnacional Pan American Silver. Esta fecha representa no sólo un aniversario, sino un símbolo de dignidad, persistencia y memoria colectiva.
El Pueblo Xinka, uno de los cuatro pueblos originarios de Guatemala, tiene una presencia ancestral en los departamentos de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2018), más de 262,000 personas se autoidentifican como parte de esta nación originaria. A pesar de siglos de invisibilización, el Pueblo Xinka ha mantenido vivas sus raíces, sus formas de organización comunitaria y su conexión con la tierra y el agua.
El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala, obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas antes de desarrollar proyectos que afecten su territorio. A pesar de ello, la mina fue impuesta sin consulta previa.
Para nuestra gente, la minería ha significado: imposición, conflicto, criminalización, y una amenaza directa a nuestros territorios, nuestras fuentes de agua y nuestra espiritualidad. Por eso, hoy hacemos memoria de este largo y valiente recorrido.
Desde el año 2009 se inicia la resistencia con caminatas pacificas multitudinarias, y grandes concentraciones de personas manifestando su rechazo al proyecto minero, el apoyo de la iglesia católica con celebraciones de eucaristías, además de visitas a las oficinas de la empresa para hacerles ver las violaciones a los derechos tal como la consulta previa, libre he informada, acciones legales administrativas iniciadas en el Ministerio de Energía y Minas buscando que no se aprobara el proyecto, en la búsqueda de hacer escuchar la voz del pueblo Xinka se inician las consultas fundamentadas en el código municipal y en la ley de Consejos de Desarrollo, muchas impugnadas por la empresa y gremiales de empresarios de Guatemala de las cuales se obtuvieron resoluciones legales que reconocen el derecho de la población a ser consultados, se realizaron en repetidas ocasiones conferencias de prensa para que la comunidad en general estuviera enterada de las acciones que el pueblo realizaba como parte del derecho a manifestarse y derecho de resistencia.
A pesar de las acciones realizadas y, que tanto la empresa como el gobierno tenían conocimiento del rechazo generalizado de la población, continuaron con la aprobación de la licencia de explotación minera y al pueblo como respuesta estatal se le dio persecución legal y criminalización de liderazgos, estado de sitio, ordenes de allanamiento, órdenes de captura a lideres por oponerse al proyecto.
En febrero de 2010, vecinos y autoridades comunitarias presentaron las primeras oposiciones legales ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), cuestionando la validez del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero. Paralelamente, se solicitó por primera vez una consulta municipal en San Rafael Las Flores, misma que fue rechazada.
El 29 de abril de 2011, más de 10,000 personas caminaron desde el centro del municipio de San Rafael las Flores hasta la entrada del proyecto minero. Cada una depositó una flor como símbolo de protesta. Esta acción masiva liderada por la Iglesia Católica quedó en la historia como “La Marcha de las Flores”.
Durante los años 2011 y 2012, comunidades vecinas como Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa, Casillas y Mataquescuintla realizaron consultas municipales, contando con una amplia participación y en donde el 98% rechazó la presencia de la minería. El pueblo habló con fuerza: no queremos minería en nuestros territorios.
Al mismo tiempo las calles, los parques y los caminos fueron escenarios de marchas, vigilias y manifestaciones pacíficas. El 20 de febrero de 2012, cerca de 2,000 personas participaron en una misa pública en el parque central de San Rafael Las Flores, oficiada por el obispo Álvaro Ramazzini. Fue un acto espiritual y político. Ese día, el alcalde electo se comprometió públicamente a realizar la consulta que la comunidad pedía, sin embargo, ésta consulta nunca se realizó.
El año 2013 marcó un hito: se organizó una serie de consultas comunitarias en aldeas como San Juan Bosco, Volcancito, Los Planes, La Cuchilla, Barrio Oriental, las Delicias, Renacimiento, El Chanito, y Sabana Redonda. En su mayoría más del 96% de la población votó en contra de la minería.
Ese mismo año se instala formalmente la Resistencia Pacífica El Escobal, frente al ingreso al proyecto minero. La respuesta estatal no fue el diálogo, sino la represión. Líderes comunitarios fueron capturados y encarcelados como un acto de criminalización más. A pesar de ello, la resistencia continuó.
En mayo de 2013, el gobierno decretó estado de sitio en cuatro municipios: Casillas, San Rafael Las Flores, Mataquescuintla y Jalapa. Con esto se pretendió desarticular la organización comunitaria. Pero ese mismo año, en Jalapa y San Carlos Alzatate, más del 94% y 98% de la población, respectivamente, rechazó nuevamente la minería a través de consultas municipales.
El 7 de junio de 2017, se instala la Resistencia Pacífica Permanente en Casillas. Fue una acción coordinada por autoridades comunitarias y población Xinka, para hacer cumplir las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia sobre el amparo interpuesto por el derecho de consulta al pueblo Xinka.
Durante ese mismo año, se realizaron tres grandes movilizaciones en la ciudad capital, exigiendo respeto al derecho de consulta y la identidad del Pueblo Xinka. Finalmente, en septiembre, la Corte Suprema de Justicia reconoció la violación al derecho de consulta.
Con fecha 6 de noviembre de 2017 se instala un segundo plantón, pero este frente a la Corte de Constitucionalidad velando por una resolución pronta y cumplida.
El 20 agosto de 2017, la Sociedad Civil Organizada de Mataquescuintla instalaron otra resistencia pacífica, esta vez vigilando la ruta velando que la empresa no continuara operando de forma ilegal.
En septiembre de 2018, la Corte de Constitucionalidad emitió una sentencia histórica: ordenó al Estado de Guatemala realizar una consulta al Pueblo Xinka de acuerdo con los estándares internacionales, y suspender las operaciones del proyecto minero El Escobal. Esta fue la primera vez que se reconocía formalmente este derecho para el Pueblo Xinka.
Ese mismo mes, en señal de victoria, se levantó el plantón que durante 10 meses se sostuvo frente a la Corte de Constitucionalidad, con apoyo de múltiples organizaciones sociales y pueblos indígenas.
Sin embargo, el proceso de consulta fue manipulado desde el principio. En 2019, autoridades Xinkas denunciaron públicamente que el gobierno estaba excluyéndolas, violando la sentencia de la Corte de Constitucionalidad y fomentando divisiones internas.
En 2020, a pesar de las irregularidades se formaliza el proceso de preconsulta, ordenado por la corte de constitucionalidad en la sentencia 4785 – 2017, entre estado y comunidades Xinkas.
Ahora en 2025, después de más de 15 años de lucha, y 8 años de resistencia pacífica permanente, reafirmamos que esta lucha no es sólo contra un proyecto minero, sino por la defensa de la vida, del agua, de los bosques y del territorio ancestral.
Recientemente se han entregado los resultados del proceso de consulta al gobierno central por parte de la población por lo que en este aniversario de la resistencia se envía un mensaje claro y contundente al gobierno de la república que, a la brevedad posible resuelva conforme a derecho y mediante los resultados del proceso, ya que según las últimas informaciones públicas los resultados ratifican la decisión del pueblo de NO otorgar el consentimiento para la continuidad de operaciones de dicho proyecto minero por lo que correspondería es el cierre definitivo, las comunidades en resistencia estaremos activas alertas, fiscalizando la respuesta del gobierno central.
Ahora, tras haberse realizado la devolución de resultados del proceso de consulta al Pueblo Xinka, exigimos que el Estado de Guatemala y las Cortes actúen con responsabilidad y legalidad, que den seguimiento a este proceso en el estricto orden legal, garantizando justicia frente a las violaciones de derechos humanos cometidas, las ilegalidades en el otorgamiento de licencias, y la criminalización sistemática que hemos enfrentado como pueblo.
A la iglesia católica, la presencia espiritual y pastoral ha sido y sigue siendo fundamental para sostener la esperanza, la dignidad y el tejido comunitario frente a la violencia estructural y la imposición de proyectos extractivos. En estos tiempos complejos, necesitamos que la voz de la iglesia se eleve con claridad junto a la del Pueblo Xinka, ya que de un tiempo para acá no se ha visto el acompañamiento necesario, recordándoles que esta resistencia nació de la población junto a la iglesia en defensa de la vida y la justicia.
Hoy, desde Casillas, el Pueblo Xinka declara que la resistencia continúa y reconoce la lucha legítima de las comunidades, invitamos a quienes no participan todavía, a que se sumen a esta resistencia pacífica.
Agradecemos la solidaridad de las comunidades, organizaciones, pueblos hermanos y personas conscientes de todo el país y el mundo que se han unido a esta causa.
¡La resistencia sigue viva!
¡No cederemos frente a la impunidad, la corrupción y el despojo ¡
¡Nuestra lucha es pacífica, legítima, ancestral y continúa!
¡El Pueblo Xinka existe y resiste!
Casillas, Santa Rosa, 8 de junio 2025
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