Actualización caso Genocidio Ixil. 4 al 7 de junio de 2024

Martes 4 de junio de 2024

“En un caso como este deben ser preponderantes los testimonios de las víctimas”  Perito Arsenio García

El martes 4 de junio el perito del estado español Arsenio Garcia, ratificó ante el tribunal su peritaje: “Análisis de los estándares internacionales de credibilidad de la prueba testimonial en el caso genocidio region Ixil comprendido entre el 1 de julio de 1978 al 23 de marzo de 1982” concluido en febrero de 2020.

Arsenio García, licenciado en derecho, afirmó ante el tribunal que el objetivo del peritaje es reforzar el valor de los testimonios de los sobrevivientes de acuerdo a los estándares jurídicos internacionales.  Arsenio García ha testificado como perito previamente en los casos Sepur Zarco y el  caso Violencia Sexual Maya Achí.

 El peritaje se centró en cómo y porqué deben ser  valorados jurídicamente, es decir no se 

trata de determinar si los testimonios de las personas agraviadas son creíbles, si no el porqué deben ser creíbles, ya que los testimonios a los que tuvo acceso el perito cumplen con una serie de elementos y parámetros establecidos en el Derecho Internacional a partir de los Estándares Internacionales codificados en el Derecho Penal Internacional, Tratados de Naciones Unidas, Derecho Internacional Humanitario y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

 De acuerdo a los estándares internacionales, la prueba testimonial tienen el mismo valor que otro tipo de pruebas y el conjunto de testimonios individuales y colectivos de los sobrevivientes del genocidio Ixil cumplen con los estándares internacionales de coherencia, congruencia y verosimilitud ya que los testimonios recabados no carecen de credibilidad, no se contradicen y guardan una explicación razonable de los hechos vividos. El perito declaro ante el tribunal:

“En un caso como este (en el cual han pasado más de 40 años de los hechos) deben ser preponderantes los testimonios de las víctimas” 

El perito además hizo énfasis a lo largo de su ratificación que es fundamental contextualizar los testimonios e integrar una perspectiva interseccional que incluya enfoque de género, diversidad cultural, influencia de la interpretación lingüística entre otros. 

Miércoles 5 de junio de 2024

“Lo que quería el gobierno de Lucas era acabar con el Pueblo Maya”  Testigo de San Gaspar Chajul entrevistado por Marc Drouin   

Marc Drouin, un académico canadiense, testificó sobre su investigación sobre la Doctrina de Guerra de Contrainsurgencia en Guatemala. Su objetivo era entender por qué la población civil no combatiente se convirtió en objetivo durante el Conflicto Armado Interno y determinar qué estructuras dentro del ejército eran responsables de estas acciones. Su análisis se centró en la represión sistemática contra la población Ixil entre 1981-1982.

La investigación de Drouin destacó que la inteligencia militar jugó un papel crucial en la violencia contra la población Ixil. La Doctrina de Guerra de Contrainsurgencia del ejército guatemalteco consideraba a los civiles, especialmente al Pueblo Maya, como enemigos potenciales por lo que justificaba su exterminio bajo la etiqueta de “contrainsurgencia”. La orden era destruir todo en la zona Ixil, lo que resultó en masacres y destrucción total de comunidades. Mencionó cómo el documento denominado “Operación Sofía” da muestra de cómo los militares perciben a la población Ixil. También que desde la declaración de los pueblos del Quiché (Municipios de San Juan Cotzal, Santa María Nebal y San Gaspar Chajul) como zona roja, se fundamenta una inteligencia militar que tacha a la población Ixil como parte de la guerrilla. 

Drouin presentó evidencia basada en documentos desclasificados de los Estados Unidos y manuales de guerra contrainsurgente, uno de los cuales fue entregado al Ministerio Público de Guatemala. Su investigación documentó 82 hechos comparativos en 12 comunidades diferentes, revelando un patrón sistemático de violencia. Los testimonios y estudios de comunidades arrasadas demostraron la intencionalidad de destruir a grupos específicos, confirmando la participación activa y conocimiento del alto mando militar en estas operaciones.

En conclusión, dijo Drouin, “una vez ya arrasadas las comunidades no quedaba más nada; ni para a la comunidad, ni para la insurgencia, pero aún así las personas Maya Ixiles seguían siendo perseguidas, en las montañas, lo que demuestra una intencionalidad por destruir a un grupo”.

Jueves 6 de junio, Audiencia 32

“Un ejército no se mueve, no acciona si no cuenta con insumos del Estado Mayor, la información sube hasta el alto mando y baja a las unidades de inteligencia” Perito Marc Drouin

Hoy continuó el peritaje militar centrado en el Estado Mayor General del Ejército, Inteligencia y operaciones del historiador Marc Drouin donde citando documentos como el “Manual de Contrainsurgencia” y el “Manual del Oficial del Estado Mayor” mencionó al centro de operaciones conjuntas como una coordinación en las que se estructuraban las operaciones militares, como por ejemplo  que los informes de acciones del ejército se tenía que entregar cada 8 y 15 días. El alto mando fue auxiliado por el Estado Mayor General del Ejército de Guatemala, constituyó un equipo de dirección y control de operaciones.

El peritaje demuestra que hubo 13 masacres, en 12 comunidades en 11 meses, en los tres municipios del área Ixil. Todo ello solo pudo haber sido con un proceso de administración y planeación le corresponde al Estado Mayor del Ejército; en todas las cinco áreas dentro del ejército. 

El peritaje abarca el periodo de 1978 hasta 23 de marzo de 1982, en comunidades donde entraba el ejército a buscar personas, agruparon a la población y con listas en mano iban nombrando personas que se tenían que apartar del grupo y eran detenidas, torturadas, asesinadas, se tratan de jóvenes que en su mayoría que tienen liderazgo local, como por ejemplo catequistas. A finales del 81, cambia, ya no entran con listas en mano, sino que entran disparando en contra de la población, la gente que logra escaparse es perseguida, ahí incide la formación de tropas móviles, donde se enfrentan con insurgentes, hay bajas de ambos lados, pero quien sufre mas es la población civil.

Sobre la acción de  “quitarle el agua al pez” viene la idea de la doctrina francesa (Manual de guerra contrasubversivo) eso ocurrió en el área Ixil, la población es el agua, el pez es el insurgente, para acabar con el pez había que quitar el agua, secar la laguna para que quedara expuesto el combatiente para poder eliminarlo. 

La desproporcionalidad va más allá de la amenaza que podrían tener 180 personas con armas a un Estado que tenía todas las herramientas para responder. El CAI permite atacar a los insurgentes, pero destruir toda forma de organización política y social. La intencionalidad exterminadora, 20% fue la tasa de mortalidad, una quinta parte de las comunidades del área ixiles fueron destruidas, así como las condiciones para que murieran en las montañas. Atacar a la población civil es la estrategia misma.

Sobre los manuales, son del Estado de Defensa de EEUU, para estudiantes militares de la Escuela de las Américas. Sobre la escuela francesa, es una doctrina militar que se desarrolló con experiencia de operaciones en distintos países, hay dos instituciones de Francia como Saint-Cyr donde transmitieron el conocimiento al ir allá. Y también los franceses fueron a los países a entrenar. Benedicto Lucas fue a una de estas instituciones militares junto con otros cinco guatemaltecos. También hubo guatemaltecos que se entrenaron en Argentina. Y lo aprendido aquí en Guatemala se transmitía el conocimiento en las escuelas kaibiles.

Antes del segundo peritaje del día, la abogada defensa del acusado, solicitó fuera admitido un consultor técnico, el abogado Juan José Recinos Hernández. Ministerio Público y Querellantes solicitaron no sea admitido, por no ser el momento procesal oportuno, a lo que el juzgado resolvió no aceptar la petición, a lo que la abogada solicitó reposición y solicitó de no aceptarse, le brinden el tiempo necesario para trasladarse al Hospital Militar y estar con el acusado para tener comunicación más directa.

“El Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el segundo Jefe del Estado Mayor General del Ejército y el tercer Jefe del Estado Mayor General del Ejército, eran una misma extensión militar: asesoraron, planificaron, elaboraron, difundieron, controlaron y contribuyeron al desarrollo de operaciones [y] convirtieron en un objetivo militar a la población Ixil por considerarlos como enemigo interno.” Perito Edgardo Benjamin Carloni

Continuó la audiencia con el coronel mayor, militar retirado argentino quien habló de las conclusiones de su peritaje titulado “Peritaje técnico militar sobre las responsabilidades del Ejército de Guatemala en las acciones contrasubversivas realizadas en la región Ixil del 1 de julio de 1978 al 10 mayo de 1982”. 

La parte superior del Ejército, de la que eran parte el comandante y los jefes, diseñó y aprobó la estrategia contrasubversiva del Ejército de Guatemala. Tenía el conocimiento diariamente y a detalle sobre las operaciones que se realizaban en el triángulo Ixil. Hubo coherencia absoluta, con ello se demuestra la intencionalidad de las operaciones que diseñaron, planificaron y ordenaron, tenían un control absoluto de la situación. El jefe del Estado Mayor General del Ejército fue el responsable directo. El comandante coordinó todas las operaciones tácticas que se desarrollaron.

El jefe de la Tercera Sección del Estado Mayor General del Ejército, es el principal responsable de las operaciones tácticas, coordinó fuego terrestre y aéreo. Aprobó y difundió los planes a los comandos operativos. El ejército hizo operaciones con la finalidad de destruir a todos los pueblos y comunidades que colaboraban con el EGP. Fueron arrasados los pueblos que eran considerados hostiles. La población civil abandonó casas y sembrados y se refugió en la montaña.

 La relación de fuerzas entre el EGP y el ejército de Guatemala era muy superior por parte de este que tenía apoyo de fuerzas especiales y apoyo de fuego aéreo con el que realizó una ofensiva de barrida. Desde el Estado Mayor del Ejército se diseñaron los planes y se difundieron.

Viernes 7 de Mayo, de 2024

“Hubo una exageración, había una superioridad de poder para enfrentar a un enemigo débil y con pocos números, aun añadiendo a la población civil maya ixil,  que fue despojada de sus siembras, sus ancestros, sus poblados, es un hecho que no debería repetirse.” Coronel Edgardo Benjamin Carloni. 

Durante la jornada 33 de las audiencias, continúo la presentación del Coronel Edgardo Benjamín Carloni. 

En la audiencia, la abogada de Lucas García, Teresa Martínez acompañó al acusado desde el Hospital Militar, sin embargo en una posible acción de mala fe fue acompañada por el Coronel Juan José Recinos Hernández, a quien ayer no se le permitió por parte del juzgado participar en el debate. Por lo que el Tribunal le pidió al juez auxiliar en el Hospital Militar que le pidiera al Coronel que se retirara, dado que no puede ser parte del proceso.

Ante las preguntas del Ministerio Público, el perito señala que las experiencias recopiladas en el manual de contrainsurgencia de Guatemala retoman la experiencia de Argentina, en particular la metodología usada en los reglamentos que regían el accionar del área de inteligencia en coordinación con el área de operaciones. Agregó que la inteligencia está permanentemente informada de las acciones del enemigo.

Además señaló la genealogía de dichos manuales: “Toda la experiencia de la guerra contrasubversiva prácticamente viene de la década de los 60, de la guerra de Francia en Argelia, de ahí se tomaron doctrinas y experiencias  que otros países han adoptado y adecuado. Estados Unidos la aplicó en la guerra de Vietnam y en el caso de Guatemala en la década de los 70 y 80.”  

El coronel explicó que el comando, es una autoridad personal e irremplazable, responsable de todo lo que hagan y dejen de hacer las tropas y unidades a su cargo, lo cual está reglamentado en el Estado Mayor del Ejército de Guatemala.  Así mismo añadió que el comandante, es decir el jefe del Estado Mayor del Ejército está informado día a día de lo que pase en el campo de batalla a través de las partes de información e inteligencia y partes de operaciones que llegan a su puesto de comando.

El fiscal preguntó si cabía la posibilidad de que el comandante no supiera que se estaban realizando masacres: “De ninguna manera había forma que el comandante no supiera cómo era la evolución de las operaciones, tenía pleno conocimiento de todo lo que pasaba. Evidentemente tiene plena responsabilidad sobre lo que hicieron las tropas que estaban bajo su mando.” 

Además, explicó el principio de jerarquía del ejército (“todo está subordinado a la cabeza”) y el principio de obediencia (“las órdenes deben cumplirse inexorablemente”).

Ante la pregunta del fiscal Erick de León, de qué aspectos le habían llamado la atención en el estudio de los documentos militares que realizó, el Coronel respondió: “Se caracterizó a la etnia maya ixil como personas que apoyaban al EGP, y llama la atención que el pueblo Ixil haya sido caracterizado como enemigo interno. Hubo una exageración, había una superioridad de poder para enfrentar a un enemigo débil y con pocos números, aun añadiendo a la población civil maya ixil, que fue despojada de sus siembras, sus ancestros, sus poblados, es un hecho que no debería repetirse”.

La querella pidió al perito que explicara la operación barrida y tierra arrasada: “La ‘operación barrida’ va empujando la línea de avance de combate. Los campesinos abandonan su casa, sus siembras, que fueron incendiadas, se refugiaron en la montaña, sin casa, sin comida, sin salud. El bombardeo de las montañas fue porque se pidió ese apoyo en el trabajo coordinado del Estado Mayor y alguien se lo propuso al comandante.”

La abogada de la defensa preguntó al perito por qué considera que el manual de guerra contrasubversiva es un reglamento, a lo cual el perito refirió que en el mismo manual está indicado que era la doctrina vigente para las operaciones del ejército y es una publicación oficial del ejército. 

Concluyó que El Jefe del Estado Mayor del Ejército, es decir, el exGeneral Manuel Benedicto Lucas García tuvo responsabilidad de lo que sus tropas hicieron en el área ixil.

“Es evidente desde los documentos desclasificados que una de las principales preocupaciones del gobierno de EEUU durante el régimen de  Romeo Lucas García era la violencia indiscriminada hacia la población civil. ” Kate Doyle

Posteriormente se presentó ante el tribunal la perito Kate Doyle, ciudadana estadounidense, quien ha participado en casos de derechos humanos desde hace 23 años, empezando con el caso Myrna Mack en el 2010, y casos relacionados con Guatemala en España, entre otros. 

Kayte Doyle señaló que su peritaje está 100% enfocado en documentos desclasificados de EEUU. La perito trabaja en el National Security Archive, el cual es un instituto fundado en 1985 por periodistas e investigadores con sede en el instituto George Washington, que tiene como enfoque  el derecho a la información y derecho a saber lo que hace el gobierno estadounidense en cualquier parte del mundo. 

Doyle explicó que la Freedom of Information Act, es una ley usada para  solicitar legalmente la desclasificación de información legal y secreta. Ella trabaja los documentos relacionados con seguridad nacional y relaciones internacionales. Su especialidad es la política de Estados Unidos en América Latina , particularmente México y Centroamérica. 

Doyle explicó que se han solicitado más de 500 documentos de Guatemala, ya que “desde 1954, como todos saben Estados Unidos ha estado muy involucrado en el gobierno, la sociedad y en particular las Fuerzas Armadas de Guatemala.” La perito añadió que “desde 1954, Estados Unidos dio apoyo, asistencia, entrenamiento militar, fondos económicos, cualquier tipo de ayuda y asistencia al estado (guatemalteco) para seguir su proyecto anticomunista. Aunque Guatemala no es una colonia de Estados Unidos tenía mucha influencia de poder a través de la embajada, la estación de la CIA, agregados de la defensa, que siempre están recopilando información de inteligencia, sobre las Fuerzas Armadas, la violencia, entre otros.”

Doyle explicó que los  documentos desclasificados, son documentos que empiezan como un informe, generalmente secretos y confidenciales.. Se vuelven desclasificados cuando se pide su búsqueda, revisión y desclasificación del documento porque quieren saber algo sobre un tema. Si hay temas muy secretos se tachan, pero el resto es público. En Estados Unidos, después de 25 años cualquier documento es libre y abierto aunque hay excepciones para la CIA, y el Pentágono. 

Su peritaje se basó en un grupo de 24 documentos desclasificados mayoritariamente de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, la CIA y agencias de la inteligencia del Estado. Doyle clasificó los documentos del peritaje de la siguiente manera.

1. Documentos de 1980- 1981
   – Dan el  entendimiento de que los oficiales de Estados Unidos en Guatemala recopilaban información sobre cómo el gobierno de Lucas García estaba planeando aumentar sus operaciones y fuerzas en contra de los insurgentes armados en las montañas y sus opositores en cualquier sentido. Explica que se mostraban preocupados por el nivel de violencia.
2. Primeros meses de 1982  y últimos meses de Lucas García
   – Estos documentos proveen información sobre el nivel de violencia especialmente en el Quiché y en el área Ixil
3. Documentos después de la caída de Lucas García
   – En estos documentos EEUU reflexiona sobre el régimen y trata de transformar a Ríos Montt en su aliado. 

De acuerdo a la perito: “Es evidente desde los documentos desclasificados que una de las principales preocupaciones del gobierno de EEUU durante el régimen de  Romeo Lucas García era la violencia indiscriminada hacia la población civil.”

 La perito explicó que en ese momento el gobierno de Estados Unidos estaba enfocado en derrotar los movimientos armados insurgentes de Guatemala y al movimiento sandinista de Nicaragua, por lo que Washington envió dos generales y un subdirector de la CIA para intentar persuadir a Lucas García a cambio de asistencia, sin embargo, señalan: “El uso del terror contra las aldeas del altiplano siguió siendo un instrumento clave del régimen hasta los últimos días.”

La perito explicó que en los países donde el ejército es realmente el poder, la CIA y el Pentágono tenían más comunicación con los oficiales de estos países que el embajador civil, por lo que la CIA en Guatemala tenía un papel muy central. Así mismo señaló que se observó un cambio o repunte dramático en 1981 y 1982 de la violencia hacia la población civil.

La perito se refirió a un documento escrito por un oficial estadounidense de alto rango en el cual se preguntaban qué podían hacer con Guatemala:  “porque en 1981 la CIA tenía operaciones clandestinas para derrotar a los sandinistas en Nicaragua, asistencias millonarias a El salvador, pero Guatemala fue un problema para los EEUU. Aunque EEUU quería acercarse al gobierno guatemalteco, el nivel de la violencia en Guatemala en ese entonces fue tanto que el presidente y el congreso dijeron que no podían continuar apoyando al ejército de Guatemala”. 

Así mismo Doyle comentó que en los documentos se muestra mucho del cinismo de EEUU respecto a la violencia del régimen de Lucas García. Citó un documento emitido por Robert Jacobs y leyó el siguiente fragmento: “sólo con el tiempo sabremos tanto nosotros como los guatemaltecos si el presidente Lucas García tiene razón en la represión. Si la política es un éxito no hay necesidad de que EEUU se implique. Podemos tras finalizar la represión trabajar para restaurar las relaciones.”

 De acuerdo a la perito, los cables, memos, y documentos desclasificados son claves para construir la política de EEUU. En ellos se describen incluso operaciones en el campo o acciones en contra de la guerrilla en el altiplano y la impresión de los informantes sobre la política de Lucas García. La perito citó un documento: “el principal obstáculo es que se continúa reaccionando de manera excesiva a las amenazas reales y deliberadamente utilizan el terror contra las aldeas, el ejército ha usado la violencia en exceso, especialmente en el Quiché.” 

También leyó un cable del 20 de febrero de 1982 que registra una operación de barrida del ejército de Guatemala en el Quiché: “los oficiales al mando recibieron instrucciones de destruir todos los pueblos y aldeas que cooperan con el EGP y eliminar a toda fuerza de resistencia.”

Según el cable, los éxitos del ejército se limitan a atacar población civil: “la creencia que sabemos que sostiene el ejército, que toda la población india del Ixil es pro EGP ha creado una situación  en la cual el ejército no dará cuartel a combatientes o no combatientes” y que “ el alto mando del ejército está sumamente complacido con los resultados iniciales…” refiriéndose al General Lucas García, jefe del Estado Mayor.

Doyle explicó que los documentos desclasificados representan una fuente de información primaria y deben ser usados en el contexto de múltiples fuentes más, tales como informes de derechos humanos, testimonios de sobrevivientes y familiares, evidencia técnica o exhumaciones, notas de periódico, entrevista con soldados involucrados, etc: “Hay que usarlos en comparación siempre con otra información”.

La perito comentó que aunque los análisis parecen ser basados en información subjetiva o interpretativa, como cualquier otra fuente deben contextualizarse:  “Por ejemplo, cuando un oficial de la CIA transmite su valoración de alguna situación, está compartiendo información basada en sus capacidades profesionales, experiencia y acceso a información secreta de inteligencia.” Estos documentos no estaban planeados para ser públicos, eran confidenciales entre oficiales de gobierno sin ninguna referencia o preocupación por su impacto público lo cual le da un peso especial a estos documentos.