RESOLUCIONES A LA MEDIDA: UNA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD QUE PRETENDE OTORGAR AMNISTÍAS DE HECHO En total incumplimiento de la ley, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones emitir una resolución ilegal. En esta busca que se otorgue medida sustitutiva en favor de los militares Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas Callejas y Manuel Benedicto Lucas García, condenados en primera instancia por los delitos de desaparición forzada, violación sexual con agravación de la pena y delitos contra los deberes de humanidad, en el Caso Molina Theissen. Nuevamente la CC evidencia que está hecha a la medida de militares sindicados y condenados por graves delitos en contra de la humanidad como son la Desaparición forzada, la violencia sexual y el genocidio. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones, el 19 de agosto del 2020, en estricto apego a derecho, denegó el amparo de los militares hoy condenados, argumentando que la medida sustitutiva de prisión domiciliaria no se puede aplicar en los casos de Violación sexual con agravación de la pena y menos habiendo sido condenados por un Tribunal de primera instancia. Hoy, después de tres años, la Corte de Constitucionalidad resuelve que la Sala debe, en un plazo de 5 días, dictar de una nueva resolución que otorgue la medida sustitutiva de los condenados: “debiendo pronunciarse conforme lo considerado en este fallo, lo cual deberá realizar dentro del plazo de cinco días contados a partir de que reciba la ejecutoria de este fallo, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, incurrirá en una multa de dos mil quetzales (Q. 2,000.00), sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes…” Nada puede sorprender de esta Corte que entre sus integrantes, vuelven a estar personajes como Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto y Luis Alfonso Rosales Marroquin. Recordemos que los dos primeros fueron parte de la CC que retrotrajo de manera arbitraria, sin precedente alguno, el juicio por genocidio en 2013 beneficiando al general José Efraín Ríos Montt condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. Los vínculos de Roberto Molina Barreto con la familia Ríos son evidentes al haber sido binomio en la frustrada candidatura de la hija de Ríos Montt, en la contienda electoral pasada. Por su parte, Rosales Marroquín fue abogado defensor de Ríos Montt durante el proceso en el que se probó que en Guatemala sí hubo genocidio. Resoluciones como la emitida en el caso Molina Theissen no sólo dan un mensaje nefasto a los jueces y magistrados que intentan actuar apegados a derecho, sino que atenta contra el derecho de las víctimas a la Justicia. Además, abre la puerta peligrosamente a otros victimarios condenados por Violencia Sexual y que argumentando avanzada edad pueden pedir el mismo beneficio. Nos solidarizamos con la familia Molina Theissen y denunciamos este acto de impunidad. Guatemala, 07 de marzo de 2023 Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos- CALDH Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial- ECAP Seguridad en Democracia- SEDEM Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos - UDEFEGUA