Las cartas a le editore y los artículos de opinión son herramientas importantes para educar a les miembres de la comunidad y crear un diálogo público. Con tu ayuda, podemos publicar docenas de periódicos a través de los Estados Unidos. Para obtener más información sobre las cartas a le editore y los artículos de opinión, consulta los recursos de Community Toolbox. 

Aquí hay una carta de muestra para le editore o un artículo de opinión que puedes usar como plantilla. No dudas en utilizar cualquier parte de esta carta que te sea útil. Te recomendamos que utilizas este borrador como un andamiaje de los hechos y que lo adaptes en gran medida para que llame más la atención y sea más relevante para tu audiencia local. Puedes obtener información sobre cómo enviar artículos de opinión en tus periódicos o revistas locales. ¡Muchas gracias por participar con esta material y por apoyar nuestra campaña de esta manera! 

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A le editore:

En julio de 2019, el ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhart, y el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, firmaron un Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), también conocido como “acuerdo de tercer país seguro.” Esto se produjo después de la presión política y las amenazas de sanciones económicas de la administración de Trump. Los ACAs otorgan a los Estados Unidos el poder de transferir a los solicitantes de asilo a Guatemala, Honduras y El Salvador si el cesionario no es del país al que son enviados. La supuesta idea es que los solicitantes de asilo deben buscar asilo en uno de estos tres países, a pesar de su total falta de capacidad para procesar responsablemente los casos de asilo y sus condiciones de inseguridad en general. 

Unas semanas después, los Estados Unidos firmó acuerdos similares con Honduras y El Salvador. Estos acuerdos encubiertos son parte de una estrategia más amplia que utiliza la administración de Trump para negar a las personas el derecho de migrar y de solicitar asilo. Al deportar a los solicitantes de asilo a países de los que no son y a lugares en donde pueden correr peligro, los Estados Unidos les niega la protección y viola el derecho internacional sobre refugiados, incluidos en los artículos 13, 14, y 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Estados Unidos firmó los ACA a pesar del hecho de que Guatemala, El Salvador y Honduras no pueden responder a las necesidades de sus propios ciudadanos, y mucho menos las necesidades de miles de solicitantes de asilo de quienes los Estados Unidos es legalmente responsable. En 2018, 62,000 salvadoreños y hondureños solicitaron asilo en los Estados Unidos, y en 2019, la mayoría de migrantes detenidos en la frontera sura de Estados Unidos eran guatemaltecos, muchos de los cuales son indígenas. Además, esta inestabilidad se debe en gran parte a la naturaleza desestabilizadora de la política exterior de los Estados Unidos en el norte de Centroamérica, que ha promovido la extracción violenta de recursos, permitiendo la corrupción masiva y militarizado aún más la región.

Adicionalmente, los ACA ignoran o hacen muy poco para abordar el hecho de que ninguno de estos países tiene sistemas de asilo creados para lidiar con la afluencia impuesta de solicitantes de asilo. Entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, 939 migrantes de Honduras y El Salvador fueron transferidos a Guatemala bajo este acuerdo. De ellos, 20 personas han solicitado asilo allí. El estado guatemalteco dio arbitrariamente a los solicitantes de asilo 72 horas para decidir si buscarían refugio en Guatemala, una política que efectivamente obliga a las personas a abandonar sus solicitudes de asilo. 

Debido a la pandemia, el 17 de marzo el gobierno guatemalteco anunció la suspensión temporal de vuelos llevando los migrantes deportados desde los EE.UU. hacia Guatemala bajo los acuerdos del tercer país seguro. Esta suspensión no ha terminado los acuerdos con Guatemala, El Salvador y Honduras y las deportaciones están programadas para reanudar tan pronto como “se establezcan protocolos sanitarios.” Al mismo tiempo, las violaciones de derechos humanos similares han continuado mediante deportaciones estándar de migrantes y expulsiones de solicitantes de asilo bajo la implementación de los DHS y las reglas fronterizas de la CDC. Entre Marzo y Octubre de 2020, 63,000 personas fueron deportadas y 140,000 solicitantes de asilo han sido expulsados, principalmente a México o a los países de los que huyeron. 8,000 de los solicitantes de asilo expulsados eran menores no acompañados. Estas deportaciones y expulsiones no sólo violan el debido proceso y las protecciones legales para los migrantes y solicitantes de asilo, sino que también están exportando COVID-19 a países con infraestructuras médicas en ruinas.

Debemos exigir al Congreso que retire el financiamiento de los acuerdo, que exija más información sobre la firma e implementación de los acuerdos y que se enfrente a los acuerdos como una amenaza a la seguridad, dignidad humana, y la soberanía centroamericana. También debemos exigir que detengan inmediatamente las deportaciones, expulsiones, y las detenciones durante la pandemia. Para obtener más información sobre esta campaña, visite bit.ly/nosafethird.

Atentamente,

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