La reelección de Roberto Molina Barreto y Luis Alfonso Rosales Marroquín  en la Corte de Constitucionalidad es una ofensa para la memoria de las  víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno

Las  organizaciones de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno comprometidas con la memoria histórica, la verdad y la justicia manifestamos nuestro profundo rechazo e indignación ante la decisión del  Congreso de la República de Guatemala de reelegir a Roberto Molina  Barreto y a Luis Alfonso Rosales Marroquín como magistrados de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031.

Esta decisión  constituye una grave afrenta para las víctimas, sobrevivientes y  familiares de quienes sufrieron las atrocidades del conflicto armado  interno, así como para los esfuerzos de décadas que organizaciones de  derechos humanos han impulsado para combatir la impunidad en Guatemala.

La reelección de estos funcionarios resulta particularmente preocupante  debido a los antecedentes y actuaciones públicas que han sido  ampliamente cuestionadas por favorecer la impunidad en casos  relacionados con graves violaciones a los derechos humanos.

Entre las  principales resoluciones y actuaciones polémicas de Roberto Molina  Barreto relacionadas con el conflicto armado interno destacan:

  • Su  participación en la resolución que retrotrajo de la sentencia por  genocidio contra Efraín Ríos Montt en 2013, decisión que significó un  duro golpe para las víctimas del pueblo Ixil que buscaban justicia.
  • Resoluciones y acciones judiciales que retrasaron o frenaron procesos  contra militares acusados de crímenes de guerra.
  • Posturas judiciales  que limitaron la persecución penal por violaciones a los derechos  humanos cometidas durante el conflicto armado interno.
  • La controversia  política generada por su candidatura junto a la hija de Ríos Montt,  después de haber participado en la anulación de la sentencia por  genocidio.
  • Señalamientos sobre su vinculación con estructuras  relacionadas con adopciones llegales.

Por su parte, las principales polémicas relacionadas con Luis Alfonso Rosales Marroquín incluyen:

  • Su participación en la defensa legal del acusado por genocidio Efraín Ríos Montt
  • Resoluciones y decisiones que han sido señaladas por favorecer redes de impunidad dentro del sistema de justicia.
  • Protección institucional a operadores judiciales cuestionados, como en el caso del exjuez Mynor Moto.
  • Acciones dirigidas contra jueces y juezas independientes que investigaban casos de corrupción.
  • Una elección como magistrado constitucional cuestionada por posibles conflictos de interés.
  • Señalamientos sobre su vinculación con estructuras relacionadas con adopciones ilegales.

Ante este contexto, la reelección de Molina Barreto y Rosales Marroquín representa una afrenta directa a la lucha histórica de las víctimas, sobrevivientes y organizaciones sociales que durante décadas han trabajado por esclarecer la verdad y alcanzar justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

Estas decisiones debilitan la credibilidad de las instituciones democráticas y envían un mensaje alarmante sobre el rumbo de la justicia constitucional en Guatemala.

Por ello, exhortamos al Organismo Ejecutivo a que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, designe magistraturas comprometidas con la independencia judicial, el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.

El país necesita magistradas y magistrados que respondan a los intereses de las grandes mayorías y no a los de un pequeño grupo que ha cooptado las instituciones del Estado.

La justicia es una deuda histórica que el Estado de Guatemala aún tiene pendiente, la dignidad de las victimas exige verdad, justicia y garantías de no repetición.

¡Sin justicia no hay democracia!