La defensa de la vida y el territorio

La firma de los Acuerdos de Paz en 1996 facilitó la adopción de leyes y acuerdos internacionales que reconocen los derechos particulares de los pueblos indígenas. Sin embargo, el modelo económico neoliberal del posconflicto prioriza la extracción de los recursos naturales — una práctica fundamentalmente en desacuerdo con estos derechos. Se les dió vía libre a las mineras transnacionales y las empresas hidroeléctricas para empezar operaciones sin el consentimiento de las comunidades afectadas, y rápidamente lograron acceso a grandes franjas de tierra para explorar y apropiarse de los recursos.

Entre varias tácticas de organización, las comunidades indígenas usaron sus procesos ancestrales de toma de decisiones como forma de resistencia. Las primeras consultas comunitarias en 2005 fortalecieron un movimiento para la autodeterminación y la resistencia en contra de la extracción de los recursos a lo largo del país. En los 10 años que siguieron, más de 80 consultas tuvieron lugar en 11 de los 22 departamentos del país. Muchas de las consultas se celebran anualmente, una práctica que reafirma las demandas de las comunidades que siguen excluidas en las decisiones que afectan sus territorios. Guatemaltecxs que no son indígenas también han organizado consultas comunitarias, usando los sistemas legales constitucionales y municipales para reclamar sus derechos civiles y determinar sus propias formas del desarrollo.

Sin embargo, esta resistencia ha sido un enfoque de violencia perpetrada por actores estatales y privados. Según la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Defensores en Guatemala (UDEFEGUA), las personas defensoras de los derechos indígenas y del medioambiente enfrentan el número más alto de ataques en el país. Para las personas que luchan para proteger la vida, las tendencias indican casos mayores de amenaza, asalto, criminalización, y asesinato. Aunque la firma de de los Acuerdos de Paz terminó formalmente los 36 años del Conflicto Armado Interno del país, la alianza entre el sector privado y los élites militares ha perdurado, lo cual ha permitido que siguen usando tácticas de los años del conflicto, ajustándolas para atacar a , las personas defensoras actualmente en nombre de la continuación de la contrainsurgencia.